Duarte y Borge desviaron dinero público para campañas del PRI

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“¡Qué devuelva el dinero que se robó!” eso fue lo que clamó el priismo nacional cuando detuvieron a Javier Duarte en Guatemala y ahora es lo que repiten con el reciente arresto de Roberto Borge en Panamá. De hecho el PRI se cura en salud y actúa como si no supiera nada, ya que resulta que nada sabían sobre las corruptelas de sus militantes vueltos gobernadores, de hecho lo toman como una desafortunada sorpresa, se indignan, los expulsan del partido y arman un circo de que en el PRI están en una cacería abierta de corruptos.

Sin embargo, podríamos lanzar a la dirigencia del partido algunas preguntas muy básicas, muy intuitivas, de puro y mero sentido común: ¿apoco no tenían idea de la clase de pillos que son Javier Duarte, César Duarte, Tomás Yarrington y Roberto Borge? y si no lo sabían, pero se jactan de conocer al país mejor que nadie ¿por qué no tienen mecanismos de control respecto al historial de sus candidatos si en México la corrupción es un problema latente y altamente probable sobre todo en el sistema político?

Esas preguntas por supuesto aplican para todos los partidos, ahí está Padrés por el PAN, Pablo Salazar por el PRD, Gabino Cué por la alianza PAN-PRD, quien aunque no está en proceso judicial es conocido el desastre en el estado de Oaxaca. Ni siquiera Morena, que se presenta como el paladín de la “honestidad” y el combate a la corrupción está exento de tener personajes de dudosa procedencia entre sus filas, ahí están los ya redimidos Manuel Bartlett, Ricardo Monreal, Higinio Martínez o el ex operador de Arturo Montiel, Isidro Pastor.

En realidad los partidos políticos podrán pecar de todo menos de inocencia, saben bien la clase de personajes que militan en sus filas, conocen a la perfección su historial y el potencial riesgo que conlleva su militancia. El problema es que estos personajes saben operar políticamente, lo que significa no solo que saben moverse en la estructura, sino que conocen sus límites, dicho de forma simple, saben como acumular capital político tanto en las organizaciones políticas (partido), como en el sistema político cuando logran tomar posiciones en el gobierno. 

En ese sentido, podemos decir que por supuesto que el PRI sabía la clase de pillos que eran sus ahora ex gobernadores, de hecho su estructura partidista se vio beneficiada por estos personajes. Por tanto resulta hipócrita la actitud de indignación y sorpresa ante las ordenes de aprehensión giradas contra estas personas, ya que prácticamente todo el país sabía la clase de gobernante que era, por ejemplo, Javier Duarte, sin embargo, el PRI guardó silencio y no hizo nada ni por deslindarse de él, ni mucho menos por presionar a las instituciones y al gobierno federal, también surgido de su partido, para poner un alto a la corrupción abierta de su administración.

Sí, el PRI guardó silencio porque sabían que al final el presupuesto de esos estados estaba a disposición para desviarse a las operaciones de campañas electorales. Esa utilización electoral de los presupuestos estatales es ya un “uso y costumbre”en nuestro sistema político, es decir, no es una práctica exclusiva de un partido político, ya que en realidad los gobiernos estatales operan desde una idea tergiversada del federalismo en donde el gobernador es una especie de virrey que puede hacer y deshacer en su estado, por lo que el uso discrecional del dinero público lamentablemente es moneda corriente.

Pero analicemos el caso de Javier Duarte y Roberto Borge, ambos gobernadores aportaron a las campañas del PRI alrededor de 1500 millones de pesos, solo Duarte aportó 1300 millones ¿La dirigencia nacional y estatal del partido no se preguntó de dónde aparecieron 1300 mdp extras para su campaña? Resulta hasta burda la pregunta, pero la actitud del partido de supuesta ingenuidad e inocencia nos lleva a hacer ese tipo de preguntas.

En el caso de los 200 millones de pesos entregados por Borge a su partido, se ha comprobado que el monto fue entregado en efectivo, 4 entregas de 50 millones, directamente al candidato al gobierno de Quintana Roo, Mauricio Góngora, todo esto fue operado por el subsecretario técnico hacendario, Eliezer Villanueva Lanz, señalado uno de los principales colaboradores del gobernador. Duarte por su parte, entregó los ya señalados 1300 millones de pesos al candidato priista Héctor Yunes.

En ambos casos se señaló que todas estas operaciones fueron llevadas a cabo bajo el auspicio del entonces presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Por tanto podemos inducir que si lo sabía y estaba involucrada la dirigencia del partido, lo sabía por supuesto el gobierno federal y en consecuencia los tribunales electorales, que también por omisión podemos decir que estuvieron involucrados.

De tal forma, aplicando contra el PRI su propia consigna, podemos decirles entonces ¡Qué devuelvan el dinero los gobernadores, pero también que lo devuelva el PRI”. Todo esto sucede y el Sistema Nacional Anticorrupción no acaba por echarse a andar, según porque no hay dinero ni para montar las oficinas, sin embargo, sí hay dinero para dilapidar en las campañas electorales, sí hay dinero para aumentar el presupuesto de los partidos; de hecho ante esta situación no ha habido un solo partido que levante la voz al respecto, ninguno quiere renunciar al “status quo” favorable en el que viven hoy en día, lamentable. (Vía: Reforma)

 

 

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