En 2 años, PGR inició 7 mil 208 investigaciones por tortura

En octubre de 2015, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura fue creada. Desde ese entonces, la Procuraduría General de la República (PGR) ha abierto 7 mil 208 averiguaciones previas por este delito. (Vía: Milenio)

La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura informó que 4 mil 424 averiguaciones previas están en trámite. Desde 2015, 21 órdenes de aprehensión han sido negadas por jueces federales, mientras que 50 han sido otorgadas. En todo 2017, sólo se cumplimentaron dos órdenes de captura.

Esta unidad tiene a sus propios agentes de la Policía Federal y depende de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDO).

En noviembre de 2015, una familia entera fue levantada por elementos de la Policía Federal en Centro, Tabasco. Mientras los agentes presuntamente torturaban al padre –para que al final reconociera su culpa en un delito–, la madre fue físicamente agredida y sus hijas menores de edad amenazadas. Derivada de esta desaparición forzada, el hombre se encuentra actualmente en prisión por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud.

En otra ocasión, en abril de 2016, un video en redes mostró el momento en que efectivos de la Policía Federal y el Ejército torturaron a una mujer. Cuatro elementos, dos de cada dependencia, fueron sentenciados a prisión por los hechos.

En octubre de 2017, la PGR informó que se obtuvo una sentencia condenatoria contra un ex comandante de la Policía estatal de Puebla por ser penalmente responsable de torturar a una periodista en Quintana Roo. Este sujeto fue señalado como responsable de violentarla física y psicológicamente, atentando contra su libertad de expresión y ejercicio periodístico. Su condena fue de 5 años y tres meses.

Según los artículos 24 y 25 de la Ley General para Prevenir, Investiga y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la tortura –delito perseguido de oficio– ocurre cuando un servidor público o un particular ocasiona del dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; la comisión de una conducta tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o la realización de procedimientos médicos o científicos sin el consentimiento del afectado.

“La tortura es “normal” para 57% de los menores detenidos”.

Las penas contempladas por dicha ley son especificadas en el Artículo 26. Este punto señala que aquellos que sean acusados recibirán una pena de 10 a 20 años de prisión cuando se trate de un servidor público, mientras que el particular recibirá de 6 a 12 años.

Por: Redacción PA.