Negaron aborto a menor de 13 años que fue violada

Citlali, una joven huichola de 13 años, fue agredida sexualmente el pasado 16 de mayo por un compañero de trabajo de su papá en Sonora. Ese mismo día denunció el hecho ante las autoridades.

Los exámenes que se le practicaron a Citlali corroboraron la violencia sexual y psicológica a la que fue sujeta la adolescente, por lo que el Ministerio Público (MP) consignó al agresor por el delito de violación agravada.

A un par de meses después del incidente, Citlali dice que las autoridades sanitarias no le dijeron nada sobre la pastilla anticonceptiva de emergencia, tampoco le ofrecieron ninguna clase de tratamiento para evitar infecciones de transmisión sexual. Mucho menos la informaron sobre su derecho de interrumpir el embarazo en caso de violación.

El juez que llevó su caso reclasificó el delito, no se sabe bajo qué argumento, como estupro —esto quiere decir que se entiende que Citlali dio su consentimiento—, y esto implicó que las autoridades de salud del estado de Sonora, en concreto el Hospital de la Mujer del mismo estado, le negaran la posibilidad de interrumpir su embarazo.

“Ella fue víctima de una agresión sexual, y como tal, es irrelevante lo que el juez estime como delito penal. No hay impedimento legal para que las autoridades la apoyen”, argumenta Regina Tamés, presidenta de la organización civil Grupo de Información en Reproducción Elegida, que asesora a Citlali, (Vía El País).

Según la Norma mexicana 046 sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres “no se establece la obligación de denunciar la agresión sexual para poder acceder al aborto legal por violación”.

Según el reporte Las otras víctimas invisibles, elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en México una de cada 4 mujeres sufre abuso sexual antes de cumplir 18 años.  Entre 2010 y 2015 se registraron 2.6 millones de abusos y sólo 83 mil casos tuvieron una averiguación previa.

Recordemos que en esta misma semana, el estado de Veracruz aprobó una reforma constitucional para “proteger la vida desde la concepción hasta la muerte”. Esta modificación podría tener como consecuencia el endurecimiento de las penas contra las mujeres que decidan abortar.