En México, la minería es la principal actividad extractivista, causante del despojo a comunidades y la destrucción de ecosistemas en los que éstas habitan.
Solo el 2% de la tierra pertenece a las mujeres. La mayoría de los trabajos en los proyectos extractivistas reproducen roles de género, lo que incrementa la desigualdad, porque en esas regiones aumenta el costo de la vida y ellas no cuentan con un ingreso digno.
Cuando los hombres pasan a trabajar a las empresas que se asientan en sus territorios, las mujeres se ven obligadas a cambiar sus costumbres ante la ausencia del trabajo que realizaban a favor de las familias y comunidades.
La presión sobre las tierras y recursos naturales en manos de tercerosy empresas hace que las mujeres tengan que dejar sus territorios y mudarse al ámbito urbano en para emplearse en trabajos informales, mal pagados y soportando contextos de explotación y violencia, en una situación de pobreza extrema. (Asurza 2015)
Las mujeres ejidatarias y comuneras constituyen sólo el 19.8% en México, pero a pesar de participar en la producción son excluidas de la toma de decisiones. (Salazar, 2017)
Las actividades extractivas afectan de modo diferenciado a las mujeres que se quedan a cargo de niños y niñas huérfanos por la muerte de dirigentes; la trata de mujeres y niñas indígenas en los asentamientos mineros; el incremento del alcoholismo; la violación de niñas y mujeres por trabajadores de estas empresas; entre otros.
Como defensoras de su familia y su territorio, las mujeres son perseguidas y criminalizadas, lo que incrementa las cargas de trabajo de cuidados para quienes quedan a cargo de las familias y las responsabilidades que deben asumir a causa de familias afectadas por la defensa de las tierras y territorios, además del debilitamiento de la vida comunitaria y familiar.
Para las mujeres, la tierra no es un bien que se explota, a diferencia de la mirada de las grandes empresas. Para ellas, el territorio es la casa que se debe cuidar porque ahí se reproduce y se cuida la vida.
