Luego de perder cuatro de las seis gubernaturas en las pasadas elecciones del 5 de junio, la colación Va por México de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), advirtieron sobre la creación de una comisión legislativa que investigará sobre una presunta “injerencia del crimen organizado en el Estado México”, que habría participado con Morena en la jornada del día 5.

El dirigente priísta Alejandro Moreno Cárdenas, aka Alito, junto con sus homólogos de Acción Nacional, Marko Cortés, y del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, anunció la creación de una Comisión Investigadora de la Participación del Crimen Organizado y que, como prometió, será autónoma para que se documente y analice la presencia y el rol que presuntamente tienen los distintos grupos criminales en las elecciones.

“Quiero destacar que a pesar de todo lo que Morena movilizó, gastó, robó y mintió para ganar las elecciones”, acusó Alito para sentenciar que “el resultado no fue el que esperaban” y anunciar que la alianza se mantendrá unida para las elecciones de 2023.

Si bien Va por México logró retener su poder en Durango y Aguascalientes, las pasadas elecciones significaron un duro golpe para el PRI que perdió dos de sus bastiones más importantes: Oaxaca e Hidalgo, en donde había gobernado desde hace un siglo. En tan solo dos años como líder del PRI, Alito ha perdido el mando de 11 estados.

En cuanto a la jornada electoral, se reportaron algunos incidentes como una protesta en Oaxaca en donde fueron incendiadas centenares de boletas, así como una serie de actos de violencia, robo de urnas y amenazas en Tamaulipas, así como la desaparición de personahs en Durango, además de que presuntos integrantes de la Columna Armada Pedro José Méndez, relacionados al Cartel del Golfo, habrían bloqueado el acceso a promotores de grupos políticos opositores a Morena en los municipios de Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Carlos y San Nicolás, bajo amenazas.

Va por México aseguró que llevarán a los tribunales electorales “lo que tengan que llevar” de las irregularidades presentadas en las elecciones.

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