2.4 millones se dedican al trabajo del hogar, solo 2.6% tiene derechos laborales

En México, el trabajo del hogar sigue siendo precarizado e invisibilizado. La campaña “Empleo justo en casa“, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres, el Instituto de Liderazgo Simone De Beauvoir y Conapred busca cambiar esa situación al poner sobre la mesa el vacío legal que enfrentan las personas trabajadoras del hogar, la discriminación y la desvalorización de sus tareas.

Son 2.4 millones de personas las que se dedican al trabajo del hogar en nuestro país y, de esa cifra, el 97 por ciento no tiene contrato de trabajo, seguridad social, beneficios ni prestaciones de ley. Así lo reveló Ximena Andión, directora del ILSB. Además, el 95 por ciento de las personas trabajadoras del hogar son mujeres, lo que representa el 10 por ciento de las 19.8 mexicanas económicamente activas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Hay discriminación no solo en las prácticas y en las condiciones, también en la Ley”, señaló Andión. “La Ley Federal del Trabajo es discriminatoria. Le da condiciones a las trabajadoras del hogar distintas a las del resto de los trabajadores”.

De acuerdo con el estudio de Conapred sobre trabajo del hogar, la LFT no establece obligatoriedad de afiliación a la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar y se les excluye de los servicios de guardería. La Ley del Seguro Social establece como voluntaria la inscripción de las personas trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pero excluye la posibilidad de ser inscritas en el Infonavit.

“Este sector de la población desarrolla su labor profesional en peores condiciones y con sueldo menor que otras profesiones similares“, dice el estudio dirigido por Martha Cebollada. “Trabajan muchas horas, presentan los más bajos índices de acceso a prestaciones sociales (de salud, maternidad o ahorro para el retiro) y cobran alrededor de 40% de los salarios medios en el mundo“.

Un camino para resolver ese problema sería la ratificación del Convenio 189 de la OIT por parte del Estado mexicano, que lo obligaría a adecuar la ley laboral y eliminar las normas discriminatorias. Sin embargo, también es necesario empezar a valorar la labor de las personas trabajadoras del hogar; dejar de verlo como una “ayuda” y dejar de reproducir conductas discriminatorias hacia ellas, reconocer sus derechos como los de cualquier otro trabajador, pagar lo justo y garantizar su acceso a prestaciones de ley.