Tlatlaya: cuando el Estado abandona la justicia

Cuando Raúl Cervantes fue nombrado procurador general de la República, prometió que se seguirían y hasta resolverían los grandes casos “pendientes”: Iguala, Tanhuato, Nochixtlán, Apatzingán, los escándalos de corrupción de más y más exgobernadores y Tlatlaya. Sólo que hay un pequeño problema, al menos en el último, la ejecución extrajudicial de por lo menos doce personas en Tlatlaya, Estado de México: quienes habían sido denunciados son miembros del ejército y, como tales, fueron juzgados por el Supremo Tribunal Militar (STM), que ha determinado absolver a ocho de los nueve militares (al otro, se le absolvió de la condena de un año de prisión). (Vía: Reforma)

Aun cuando ha habido atención mundial respecto a estas ejecuciones extrajudiciales; aun cuando una de las sobrevivientes de esa noche ha declarado en diversas ocasiones la culpabilidad de los inculpados, y aun cuando la Procuraduría General de la República (PGR) buscó absorber la investigación, ocho militares fueron juzgados no por el asesinato de 12 personas, sino por “desobediencia”: porque salieron de patrulla sin el número de elementos ordenado por sus superiores.

Una de las sobrevivientes, desde el 24 de mayo de este año, había presentado un escrito al STM en el que exigía que se reconociera su calidad de víctima, que se respetara su derecho de estar presente durante el proceso castrense, que pudiera presentarse durante las apelaciones y, por sobre todo, que el STM reconociera que no era competencia del ejército, sino un proceso civil que debía ser juzgado por autoridades fuera del Ejército. El STM primero realizó los juicios y luego procesó el escrito de la víctima: como ya era “cosa juzgada”, no había forma de aceptar ninguna de sus exigencias, de sus apelaciones ni de sus demandas. (Vía: Reforma)

Hace menos de una semana, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), acordó el 25 de este mes, también en el caso Tlatlaya, indemnizar a una de las víctimas que resultaron heridas durante el enfrentamiento: un militar. Según el protocolo de la misma comisión, estas reparaciones sólo pueden hacerse una vez que haya una sentencia judicial ejecutoriada o una “declaratoria de víctima” por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sin embargo ninguna de esas dos condiciones existen en el caso. Sobre la CEAV, el equipo de investigación dirigido por Sergio Aguayo para las masacres de San Fernando, Tamaulipas, y Allende, Coahuila, reporta que:

tiene en su mandato una enorme capacidad potencial para asistir, proteger y reparar a las víctimas. Sin embargo, se ha distinguido más por lo que ha dejado de hacer que por sus logros. En buena medida, esto se debe a un deficiente diseño original y a un desorden burocrático causado en parte por una fractura entre los cuatro comisionados (debería haber siete), a la timidez en la interpretación de sus funciones, al excesivo énfasis que ha concedido a la indemnización individual olvidándose de la reparación integral, a la distancia que tiene con las organizaciones que atienden a víctimas y a la manera como está otorgando recursos del fondo de víctimas. (Vía: En el desamparo…)

 

La absolución de los nueve miembros del Ejército se da a la par de las exigencias del Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos, y la petición del de Marina, el almirante Vidal Soberón, de crear un “marco jurídico” que “garantice” que los miembros de las fuerzas armadas puedan “operar” sin la “incertidumbre” en la que han trabajado hasta el momento.

En algo tienen razón los secretarios, pues no es posible continuar con unas fuerzas armadas que respeten con tal fidelidad el marco jurídico vigente: actualmente, la CEAV tiene sólo tres de siete comisionados y sus procesos, resoluciones y recomendaciones no han sido respetadas por ninguna de las instituciones federales, estatales o locales a las que los ha lanzado; los tribunales militares operan en completa oscuridad y la PGR, hundida en un cambio constante de titulares, no ha sido capaz de terminar ninguna de las investigaciones “pendientes”. (Vía: En el desamparo…)

Sí, urge un “marco jurídico” diferente.