Inició oficialmente el bombardeo mediático del Tercer Informe de Gobierno. Con 19 videos, Presidencia quiere promover los grandes “avances” de la primera mitad del sexenio. Seguramente, al ver cómo los spots se apoderan de nuestra pantalla, será grande la tentación de cambiar de canal, pues la credibilidad de Enrique Peña Nieto ha caído peor que el peso.
En una democracia consolidada, la principal obligación de los gobernantes es rendir cuentas a los ciudadanos. La información evita que los gobernantes actúen arbitrariamente. Por ello, todo gobierno debe informar cómo se han gastado los recursos públicos, qué programas ha implementado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y cuáles proyectos se van aplicar en el futuro.
Aunque en México estamos bastante lejos de este ideal, contamos con algunos mecanismos jurídicos que le exigen a los funcionarios públicos una rendición cuentas, como el informe presidencial. El artículo 69 constitucional obliga al Presidente de la República a presentar por escrito un informe anual en el que explique, a grandes rasgos, los programas y las acciones que se implementaron y los planes que se tienen para el siguiente periodo. Por casi dos siglos, el informe presidencial ha sido el acto más importante de la rendición de cuentas en México.
El Tercer Informe de Gobierno es un punto clave, a la mitad del sexenio podemos evaluar si las “reformas estructurales” han funcionado o si es momento de corregir el camino. En los primeros dos años, muchos celebraron la rapidez con la que Peña Nieto había logrado aprobar las reformas que le permitirían “mover a México” –incluso, le valió para que la Appeal of Conscience Foundation le otorgara el premio de “Estadista Mundial 2014”-.
Seguramente, durante el informe, Peña Nieto defenderá las cifras con las que intenta demostrar que a otros países “les ha ido peor”.Por esa razón, es la oportunidad de evaluar si, en verdad, las “reformas estructurales” están “moviendo a México” y, si ese es el caso, hacia dónde lo están moviendo.
No sólo debemos averiguar si el Presidente es capaz de ponerse las calcetas adecuadamente, como amablemente no los hizo saber a través de su cuenta de Twitter. También es importante analizar el “efecto transformador” de los programas que se han implementado para mejorar la educación, la economía, el empleo y la seguridad, temas que nos afectan en nuestra vida cotidiana.
El primer tema que se debe poner a discusión es la reforma educativa, aprobada en diciembre de 2012, que, según el gobierno federal, es “la más importante de todas”. La pieza clave del proyecto para mejorar la educación es el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. La evaluación permitiría seleccionar y promover a los maestros de acuerdo a sus méritos y capacidades. Sus detractores afirman que la reforma sólo intenta crear mecanismos de control para el movimiento magisterial, sin atender los problemas de fondo.
Lo cierto es que la educación básica en México, de acuerdo al Reporte de Capital Humano 2015, ocupa el lugar 102 entre 124 países, por su poca capacidad de fomentar el talento y las habilidades de los alumnos. Después de que se ha llevado a cabo la primera evaluación, es el momento justo para cuestionar si la reforma educativa solo consiste en repartir tablets y laptops, tener más tiempo a los niños en las escuelas y evitar las marchas y los plantones o atiende a los problemas estructurales del sistema escolar.
Otro tema bastante polémico es la reforma energética. En diciembre del 2013, se prometió que la libre competencia tendría un impacto inmediato en la economía; disminuiría el costo del gas y el suministro eléctrico, se generaría millones de empleos, PEMEX y CFE contarían con más recursos para modernizarse y el gobierno tendría más dinero para destinarlo a los programas sociales.
Lamentablemente, el precio internacional del petróleo ha bajado; aunque han parado los aumentos mensuales del precio de la gasolina, no se puede descartar un incremento en el futuro; las tarifas eléctricas industriales y domésticas han disminuido un 20%, pero el costo del alumbrado público ha aumentado; la expectativa de millones de empleos se ha reducido a la promesa de 500 mil empleos para 2018. Ante este panorama, surge la pregunta ¿aún se puede sostener la reforma energética como pilar de la economía mexicana?
La reforma en telecomunicaciones es la más reciente. El motivo de la reforma era mejorar la estructura tecnológica de los servicios en telecomunicaciones, especificar las reglas de competencia y garantizar los derechos fundamentales de acceso a la información y de libertad de expresión. Con la reforma se ha logrado disminuir los costos de los servicios, eliminar los cobros injustificados como la larga distancia o la consulta del saldo y se han entregado casi medio millón de pantallas a los beneficiarios de los programas de SEDESOL.
Pero, la libertad de expresión aún es un tema pendiente. La Relatoría Especial de las Naciones Unidas reconoce que, a pesar de que existe un amplio marco legal que protege la libertad de expresión, en México enfrenta “graves obstáculos”, sobre todo por la violencia que sufren los periodistas y la impunidad que gozan los agresores; también advierte que existen legislación que criminaliza el ejercicio de este derecho. Además, existe una terrible centralización de los medios de comunicación. Por ese motivo, es importantísimo que el Presidente no sólo debe dar a conocer cuántos televisores ha regalado, de igual forma debe informar las medidas que ha tomado su gobierno para garantizar la libertad de expresión.
Sin duda, la desigualdad es un tema urgente en la agenda política, ya que México es uno de los dos países de la OCDE con mayor desigualdad social. La principal apuesta del gobierno federal para combatir la pobreza es el crecimiento de la economía. El problema, de acuerdo a Oxfam, es que el 1% de la población recibe el 21% de los ingresos y la brecha salarial tiende a crecer, es decir, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.
La marginación es una de las principales causas de la violencia. Los programas sociales, como la pensión a adultos mayores, la Cruzada Nacional contra el Hambre y PROSPERA, buscan atender a estos sectores vulnerables. La administración federal afirma que el esfuerzo por reducir la pobreza ha sido exitoso, los indicadores internacionales aseguran lo contrario.Debido a esta controversia es indispensable evaluar la política del combate a la pobreza.
Ahora bien, en uno de los spots del Informe de Gobierno, Enrique Peña Nieto reconoce que uno de los principales obstáculos que han impedido el desarrollo de la economía es la corrupción.Su primer compromiso de campaña fue crear una Comisión Nacional Anticorrupción; por obvias razones, la propuesta está congelada en el Congreso de la Unión. México ocupa el lugar 103 entre 177 países en el Índice de percepción de la corrupción
Una vez que se ha reconocido que la corrupción es un problema estructural, el tercer informe de gobierno es el momento oportuno para anunciar las medidas que se tomarán para evitar casos de conflicto de intereses con los contratistas como con las casas del Grupo Higa, el uso de recursos públicos para fines personales como Korenfeld que se llevaba el helicóptero de CONAGUA a su casa y, sobre todo, para evitar que quien juzga no sea juez y parte, como Virgilo Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública.
Finalmente, una cuestión que difícilmente se abordaría, pero sería importante hacerlo son los derechos humanos. Después del caso Ayotzinapa, el Estado mexicano ratificó su compromiso con los derechos humanos, pero, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno ha entorpecido las investigaciones.
Desafortunadamente, la tortura y la desaparición forzada se han convertido en una práctica común entre los cuerpos de policía y el ejército. Ayotzinapa es uno de los muchos casos que suceden dentro de nuestras fronteras. Para el gobierno federal, debería ser prioritario implementar medidas para superar esta crisis, pero, seguramente, será un tema ausente en el informe.
En resumen, el informe presidencial es el momento que se califica la labor del Presidente. Y, hasta febrero de este año, Peña Nieto sólo había cumplido 28 de los 266 compromisos que firmó ante notario público durante su campaña. Esperemos, aunque no con mucha esperanza, que en la segunda mitad del sexenio las cosas estén un poco mejor.