Cómo ganarle a una minera canadiense: el caso de Tecoltemi, Puebla

La Comunidad Nahua de Tecoltemi, en el municipio de Ixtacamaxtitlán en la Sierra de Puebla, lleva tres años en una batalla legal contra Minera Gorrión de la canadiense Almaden Minerals, una empresa con un oscuro historial de violaciones a las normas ambientales y explotación indiscriminada de los recursos, y que planea instalar una unidad de extracción de oro y plata en ese lugar. Esta vez ganaron una batalla contra la empresa que obligará a que se revise la Ley Minera.

En 2003 y 2009, la Secretaría de Economía dio a la minera canadiense dos concesiones mineras que coincidían con los terrenos de Tecoltemi. Los habitantes se enteraron hasta 2010, cuando sus habitantes vieron a personas desconocidas hacer mediciones sobre sus terrenos.

En 2015 la Comunidad Nahua interpuso un Juicio de Amparo por las concesiones que la Secretaría de Economía, pues el movimiento se realizó sin su consentimiento y sin previo aviso. Esto a pesar de que ese tipo de proyectos están obligados a consultar a los pueblos indígenas como parte del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Durante los dos años siguientes, Almaden Minerals intentó evitar que se dictara sentencia y así evadir una condena al Estado Mexicano, además de la revisión de la Ley Minera: ésta contiene artículos contrarios a los estipulados en Tratados Internacionales y en la Constitución.

Almaden Minerals pretendía hacer lo mismo que Hochschild y Zalamera en el caso de Me’phaa, en San Miguel del Progreso, Guerrero: se desistieron de las concesiones para que el juicio quedara sin materia y, así, no hubiera análisis a la Ley Minera. En 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió cerrar el juicio en San Miguel del Progreso.

Para ellos, sin embargo, no funcionó así. En febrero, un Tribunal Colegiado le dio la razón a la Comunidad Nahua: la Secretaría de Economía no podía autorizarle a la minera canadiense la reducción ni el desistimiento de las concesiones, pues eso iría en contra de la orden de suspensión que el Juzgado dio a la Comunidad desde que interpuso el Amparo.

Ahora, la Secretaría de Economía deberá revocar la autorización que le había dado a Almaden Minerals. De acuerdo con la abogada Itzel Silva Monroy de Fundar, la decisión del Tribunal Colegiado es un logro, pues da marcha atrás a los planes de la empresa de terminar de manera anticipada el Juicio de Amparo: se trata de una batalla ganada, aún falta la final.

El Juzgado de Amparo también deberá revisar, además de lo que tiene que ver con las concesiones, los artículos de la Ley Minera que contravienen los derechos de los pueblos indígenas y los núcleos agrarios y que han puesto sus territorios a disposición de empresas como Almaden Minerals. (Vía: Sin Embargo)