Tanhuato: otra matanza perpetrada por la Policía Federal

Familiares y pruebas periciales niegan que lo que sucedió en Tanhuato el 22 de mayo haya sido un enfrentamiento. Todo apunta a una matanza perpretada por la Policía Federal.

El 22 de mayo de 2015 en el Rancho del Sol, cerca de Tanhuato, Michocán, fueron ejecutadas 42 personas. La versión de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) es que la Policía Federal se enfrentó a un grupo de criminales del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los familiares desmienten que se haya tratado de un enfrentamiento y aseguran que sus hijos no eran criminales. Las pruebas periciales y el estado de los cuerpos indican, sin lugar a dudas, que los muchachos de Tanhuato fueron ejecutados.

Todos era jóvenes, algunos prácticamente niños. Se encontraban concentrados en el Rancho del Sol el 22 de mayo de este año. Cuando los cuerpos fueron entregados a los familiares, estaban mutilados, con señas de tortura; muchos de ellos con “el tiro de gracia“ o disparos en la espalda. Las madres, las abuelas y los padres de los ejecutados cuentan las escalofriantes condiciones en las que se encontraban sus hijos.

“Mi nieto estaba bien martirizado con sus brazos bien torturados, su boca sin dientes y su ojo brotado. Estaba sin camisa, con su puro pantalón, descalzo y como quemado uno de sus brazos”, aseguró María Villa Reyes, abuela de Héctor de Jesús Arana Hernández, uno de los supuestos criminales abatidos.

“Unos no tienen sus partes, a uno le falta una pierna, a otro un brazo; uno los ojos, a otro los dientes, quemaduras de tercer grado, quebraduras por todo su cuerpo. ¿Ese es un enfrentamiento? Pero el gobierno siempre va a tener la palabra, nosotros somos un cero a la izquierda para ellos. ¿Y sabe de dónde vive el gobierno? De los impuestos de uno. Los muchachos se fueron a buscar trabajo”, relató María Teresa Tejeda, madre de Víctor Hugo Reynoso, otro de los muertos en el Rancho el Sol.

La versión del enfrentamiento es insostenible. Los familiares y las fotografías publicadas en redes sociales dan cuenta de cuerpos mutilados y torturados, algunos con marcas de cuerda en el cuello o balazos en la espalda. ¿Cómo es que la Policía Federal, en medio del enfrentamiento, se dio tiempo de torturar a los jóvenes? Francisco Daniel Magallón Torres, de 17 años, estaba vestido con una sudadera naranja y unos pantalones de mezclilla. Su padre declaró que el cuerpo de su hijo tiene un disparo en la espalda y un corte en una de las piernas. Pero la ropa estaba intacta, sin agujeros ni cortes. ¿Cómo pudo ser?, fue desnudado, asesinado y luego vestido otra vez.

Monte Alejandro Rubido, titular de la CNS, aseguró que no hubo violación de derechos humanos, que el caso no se parece nada al de Tlataya. Lo cierto, es que a más de tres meses del “enfrentamiento“ las pruebas periciales y los testimonios de los familiares lo contradicen.

El Municipio Público federal confirmó lo que los familiares dijeron de los cuerpos en relación a la tortura y la mutilación. Agregó que las armas que supuestamente se encontraron junto a los jóvenes fueron “sembradas“ y alrededor del 70% de los cuerpos tienen el tiro de gracia. Por si fuera poco, varias de las armas ni siquiera tenían el cargador correcto, por lo que no pudieron haber sido accionadas.

La Policía Federal y la CNS se han encargado de estigmatizar a estos jóvenes como “criminales“, pero las familias claman que eso es una calumnia. Sanjuana Martínez se dio a la tarea de recoger sus testimonios, ahí donde ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se han parado. La mayoría de los muertos eran originarios de Ocotlán, Jalisco, del cinturón de pobreza formado por las colonias Infonavit Cinco, San Juan, Mascota, Cartolandia, Cantaranas, Riveras, Ferrocarril y Lázaro Cárdenas.

Los jóvenes partieron al Rancho del Sol para buscar trabajo. La mayoría eran muy pobres, y escucharon que allá encontrarían algún ingreso extra. Las madres y los padres aseguran que los que las autoridades llamaron “criminales“, eran muchachos trabajadores, muy pobres y conocidos en sus colonias. Reiteran una y otra vez que no estaban metidos en el crimen organizado, pero incluso si lo hubieran estado:

“No es justo matarlos así… Muchos los entregaron selladas las cajas, sin dejarlos que sus familiares los vean… Pero unos las abrieron y les vieron la cara quemada, los quemaron, les mocharon los cuerpos, sus partes… No es justo los torturaron bien feo, les enterraron varillas en el estómago. Está mal eso que hicieron con ellos, es una salvajada“, aseguró Angélica Moreno Mejía, tía de otro de los muertos.

Si eran criminales o no, es difícil saberlo, están muertos y no pueden hablar. Lo que sí podemos saber es que no hubo enfrentamiento, que los cuerpos aparecen torturados y ejecutados, y que las armas fueron sembradas. En suma, fue una matanza, la segunda perpetrada por el Estado en Michoacán de las tres que ha habido este año. La primera fue en Apatzingán, el 6 de enero, donde se señaló a la Policía Federal por la ejecución de 16 personas; la tercera fue el ataque del Ejército en Ostula, donde murió un niño de 11 años.

La muerte de sus hijos ha hecho que las familias se unan, que construyeran altares juntos y visitaran las tumbas en el cementerio. Se reúnen como una manera de mitigar o por lo menos sobrellevar el dolor y la desesperanza. No esperan nada del gobierno, quieren justicia pero no creen en las autoridades. Cuando fueron a recoger los cuerpos a la Semefo algún elemento de la Policía Federal que estaba presente les gritó:

“Los agarramos como pollitos y quedaron con el pico caído”

Les queda claro que la versión oficial es una mentira.