La última vez que Hacienda consiguió sentencia por lavado fue en 2009

Entre 2004 y 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó 906 denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita a la Procuraduría General de la República (PGR). De estas, sólo nueve terminaron en sentencia y la última ocurrió en el año 2009.

Dos de las sentencias fueron dictadas en 2007, otras dos el año siguiente y las últimas cinco en 2009, de acuerdo con una respuesta de la SHCP a una solicitud de transparencia con folio 0000600100918 de Plumas Atómicas. La dependencia no detalló si estas fueron condenatorias.

La última de estas sentencias fue durante el mandato de Felipe Calderón, cuando Agustín Carstens dejó la titularidad de la SHCP y entró Ernesto Cordero.

Durante la administración de Cordero y las que le siguieron se puede observar un aumento en el número de denuncias. Estas cifras, desde el 2004 hasta el 2017, representan un aumento del 162%.

Hacienda no tiene las facultades para perseguir a nadie por este delito contemplado en el Código Penal Federal, pero sí puede presentar los elementos que encuentre que le “permitan presumir la comisión” de este delito y “ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos”.

Cordero como titular de SHCP. Actualmente funge como presidente del Senado.

El Artículo 400 del Código Penal Federal señala que se impondrán de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días de multa al que realice operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero.

Este delito es definido como la adquisición, enajenación, administración, custodia, posesión, cambio, conversión, depósito, retiro, entrega o recepción de bienes por cualquier motivo o medio en México cuando se tenga conocimiento de que son producto de alguna actividad criminal. También serán responsables del ilícito aquellos que oculten, encubran o pretendan encubrir el origen de los recursos.

Esta infomración no indica que el delito no sea formalmente perseguido. La PGR informó en octubre del año pasado que en el Estado de México dos personas fueron sentenciadas a cinco años de prisión por el delito y una tercera recibió siete años. Además, el mismo mes cayó una persona en Coahuila por el mismo delito.