Se aprueba un amparo contra el megaproyecto Energía Eólica del Sur

Representantes del pueblo Binnizá del Istmo de Tehuantepec dieron una conferencia de prensa en la que anunciaron que un juez determinó suspender el megaproyecto de Energía Eólica del Sur. Sin embargo, se mostraron escépticos respecto al apego a la ley de los gobiernos federales y locales.

El Juez séptimo de Distrito de Salina Cruz aceptó la demanda de amparo en contra del megaproyecto de Energía Eólica del Sur y dictó una orden de suspensión de todas las autorizaciones, permisos, vistos buenos, aprobaciones, licencias y cambios de uso de suelo otorgados por el Gobierno Federal a favor de dicha empresa“; declararon en conferencia de prensa integrantes del Pueblo Indígena Binnizá del Istmo de Tehuantepec.

Bettina Cruz Velázquez, indígena Binnizá (zapoteca) e integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, declaró:

“Ese proyecto de Eólica del Sur es el mismo proyecto que se denominó Mareña Renovables, el mismo proyecto por el cual, el 4 de diciembre de 2012, interpusimos también un amparo para la protección de los pueblos indígenas y por el cual también se nos otorgó una suspensión”

Y es que este situación no es nada nueva, ya que desde 1994, después de un estudio realizado por el Instituto de Energía Renovable de Estados Unidos donde se determinaba que la calidad de viento de la zona era de nivel 7 (cuando en el resto del mundo la tecnología sólo trabaja con nivel 5), se comenzó a registrar la llegada cientos de generadores de energía eólica de 78 metros de altura.

Conferencia de prensa
Conferencia de prensa sobre el proyecto Energía Eólica del Sur

Dichos generadores se instalaron en decenas de parques eólicos, sumando hasta el momento más de 1,600. Todo esto, sin que se llevara a cabo un proceso de consulta previa con las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec.

Por su parte, Raymundo Regalado Jiménez, integrante de la misma representación indígena que Cruz Velázquez, aseguró que hace dos años, cuando había logrado obtener el primer amparo, “el gobierno lo que hizo fue, a la de mala, meterse y pasar sobre este amparo, tuvimos un enfrentamiento con la policía estatal y otras corporaciones policiacas”. Agregó que este hecho lo llevó a realizar una denuncia de manera anticipada, para que “el gobierno tenga la sensibilidad y acate esta medida de prevención”.

Ricardo Lagunes Gasca, abogado defensor de los derechos humanos, explicó que:

“Las violaciones al pueblo indígena Binnizá de Juchitán de Zaragoza, se materializan desde el momento en que las autoridades, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al tener conocimiento [del interés desde 2013] de una empresa, de una persona moral, de instalar un megraproyecto de esa magnitud, de ese alto impacto en un pueblo indígena; en ningún momento se pone en conocimiento, ni se inicia un proceso de consulta libre, previa, informada, de buena fe, sin violencia, sin coacción”

La negativa de poner en conocimiento de los habitantes de la zona un proyecto de tal envergadura, corresponde a una violación clara a sus derechos humanos.

Apuntó Bettina Cruz que en Juchitán se dio una consulta entre noviembre de 2014 y el 30 de julio del 2015. No obstante, el Gobierno Federal y todas sus instituciones dieron información insuficiente que no satisfizo a los pueblos indígenas.

Foto: Janize Weltzer
Foto: Janize Weltzer

El propio James Anaya, ex-relator de Naciones Unidas, invitado por el Gobierno Federal el 05 de febrero de este mismo año, realizó una serie de sugerencias para que modificaran la forma en la que se estaba haciendo la consulta, puesto que no se estaba realizando bajo los estándares internacionales, ni las condiciones en las que se requiere una consulta con los pueblos indígenas.

Por último, Cristina Hordaga de JASS Mesoamerica, expresó que “el mensaje que hoy nos comparten, es un mensaje que abrazamos y sentimos, y que entendemos que también es un mensaje de victoria para otras comunidades que están enfrentando embates parecidos” y señaló que son los mismos intereses de las empresas y las “autoridades corruptas” las que han iniciado una serie de represarías y acciones que obstaculizan la defensa de derechos humanos.

“El mensaje por nuestra parte es muy claro y directo al gobierno mexicano, a las autoridades estatales, que frente a esto tienen una responsabilidad y una obligación de asegurar las garantías para que se puedan llevar a cabo la defensa de sus recursos naturales, respetar las decisiones del pueblo y la comunidad”

Un proyecto como el que impulsa Eólica del Sur y los gobiernos federales y estatales claramente viola los derechos de las comunidades dueñas de la tierra. No sólo porque pretende construirse sobre lo que les pertenece, sino también porque eluden su primera responsabilidad básica: dar información oportuna y consultar a los interesados.

Imagen principal: Pedro J. Concha

Por: Redacción PA.