¿Quién juzga a un militar imputado por narcotráfico? ¿Se trata de un problema de disciplina de los soldados o un delito común para tribunales penales? Eso es lo que actualmente analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso del teniente César Flores, de acuerdo a un proyecto de amparo en revisión del Máximo Tribunal.
En marzo del 2013, el teniente Flores y otro militar, comandante del puesto móvil –no es público su nombre–, fueron a una finca en Reynosa, Tamaulipas, donde incautaron ocho paquetes de cocaína. Más tarde, un grupo de “civiles que se dice eran miembros de la delincuencia organizada” llegaron en un taxi al punto donde Flores se encontraba, apunta el proyecto. Ahí, el teniente supuestamente le dio dos de los paquetes a los presuntos narcos.
Estos civiles serían parte del Cártel del Golfo y la cocaína incautada supuestamente le pertenecía a Los Zetas, señala El Financiero. Tras entregarle los dos paquetes de droga, los dos militares le exigieron a sus soldados no hacer comentario alguno al respecto. “El aseguramiento se había logrado gracias a un informante que pidió ser retribuido con una parte del narcótico”, dice el proyecto de la SCJN como la explicación que Flores habría dado a sus hombres.
Una carpeta de investigación fue abierta por el Ministerio Público (MP) de la Octava Zona Militar. Flores y el comandante fueron investigados por delitos contra la salud, en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos, y traición a las Fuerzas Armadas. Ambos recibieron auto de formal prisión el 1 de abril del 2013.
Ese mismo año, unos días después de la vinculación, el defensor de Flores presentó un amparo en el cual señala que se violaron los artículos 16, 19, 20, 22 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales tocan asuntos sobre el debido proceso, desde la orden de aprehensión y la prisión preventiva, hasta la tortura. En enero de 2014, se otorgó el amparo pues los delitos imputados no eran del conocimiento de un juez militar.
Ante esa resolución, el MP del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, inconforme, solicitó una revisión aludiendo al Artículo 13 de la Constitución, el cual acota que “nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales”. El punto de la Carta Magna habla sobre el “fuero militar” el cual subsiste si son delitos o faltas contra la “disciplina militar”.
Así terminó ante la SCJN, con el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Son básicamente dos artículos por los que existe la disputa: el primero es el 13 de la Constitución y el segundo es el 57 del Código de Justicia Militar, el cual habla sobre los delitos contra la disciplina militar.
Ahora, según el proyecto, la Suprema Corte consideró que los tribunales militares no podrán juzgar cuando se violen derechos humanos o un civil sea afectado, y que no atenten de manera directa contra la disciplina militar.
De ese modo, el Pleno de la SCJN determinó que un juez militar es quien debe juzgar a Flores, pues “éste lo cometió (los delitos contra la salud y la traición a las Fuerzas Armadas) siendo miembro de las Fuerzas Armadas nacionales en ejercicio de las funciones que le fueron encomendadas, sin que se encontraran involucrados civiles que pudieran haber sufrido alguna afectación a sus derechos humanos”.
Aunque en este caso particular la SCJN señala que es un tribunal militar el que debería llevar el caso, se hizo énfasis que el “fuero militar” no es un beneficio jurídico y que sería incorrecto pensar que éste se aplica a toda conducta ilícita cometida por un militar en activo.