La llamada “versión histórica” del caso Ayotzinapa es más dudosa que nunca. El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) reveló su Tercer Informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala… y al menos 10 de las revelaciones deberían ser un escándalo.

Basados en fuentes documentales a las que ha tenido acceso el GIEI, incluyendo documentos del CISEN, la Sedena y el trabajo reunido por la unidad especial de investigación del caso Ayotzinapa, el Tercer Informe no solo reveló que la Marina intervino en el basurero de Cocula un mes después de la desaparición de los estudiantes, sino también una serie de múltiples contradicciones que ponen en duda la verdad histórica.

10 cosas del informe que “deberían ser un escándalo”

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Foto: Cuartoscuro

El Tercer Informe del GIEI se divide en tres segmentos: 1) el seguimiento desde distintos aspectos vinculados al caso, 2) el ocultamiento de la información y la construcción de la supuesta verdad histórica y 3) sobre las recomendaciones y pasos a seguir. En un hilo de Twitter, el director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, Luis Fernando García resumió algunos de los puntos más polémicos del informe.

En el primer punto del informe el grupo interdisciplinario confirmó que hubo dos operaciones de inteligencia y seguimiento a los 43 normalistas de Ayotzinapa al menos cuatro días antes de su desaparición. Según el reporte, cuatro días antes la Comandancia de la 35 zona militar ordenó a todos los batallones de Guerrero que siguieran a los estudiantes. A este seguimiento se le denominó “histórico o contrainsurgente”. 

Dos días antes de la desaparición, al menos tres agentes de la Sedena “estaban activos en la Escuela y en Tixtla”, señala el informe.

“En algunos de dichos documentos se habla abiertamente de ‘fachada alumno'”, explican.

Curiosamente, el informe da cuenta de “un hecho llamativo”: este seguimiento detallado y reproducido en los referidos informes concluyó en las “horas críticas” de la desaparición de los 43 estudiantes.

El reporte indica que cómo las autoridades jamás brindaron la información y se negó su existencia hasta ahora, por lo que el GIEI requirió incluso de la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del apoyo del Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para acceder directamente a los documentos ocultos el pasado mes de abril de 2021.

“Los documentos pertinentes no solo se encuentran en el 27 Batallón, sino en los archivos de la Zona Militar 35 y de la IX Región Militar a la que pertenecen y en el EMD”, apuntan.

Pero el Ejército no solo ocultó y negó la existencia de las investigaciones, sino llevó a cabo investigaciones paralelas a los hechos, que al día de de hoy permanecen guardadas.

En el intento por parte del Ejército para manipular las investigaciones, como ocurrió en el basurero de Cocula, el informe también revela el acta de búsqueda y recolección de indicios “fue falsificada”; y acusa directamente a titulares de Unidad, Agentes del Ministerio Público de la Federación, Policías Federales Ministeriales de la PGR, así como elementos de la Policía Federal y del CISEN de tortura como una “práctica sistemática” para obtener declaraciones en las que los presuntos responsables se auto inculpaban unos a otros.

Han pasado siete años desde la desaparición de los normalistas, y casi cuatro desde que el gobierno actual ordenó reiniciar la investigación desde cero, mientras tanto se sigue sin saber qué fue de los estudiantes, y se ha desaparecido y destruido información que podrían comprometer el esclarecimiento del caso así como “algunas personas clave que intervinieron han muerto o han sido asesinadas”, concluye el informe. 

 

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