Recompensa: 15mdp por ex gobernador de Tamaulipas

yarrington

La cacería de gobernadores corruptos operada por el sistema de justicia mexicana resulta sospechosa, sobre todo porque casualmente se esté llevando a cabo en la antesala de dos elecciones clave, la del Estado de México el próximo año y la presidencial en 2018. Eso nos hace pensar más en la vieja estrategia de la política mexicana- que hace un uso político de la justicia con el fin de obtener réditos electorales- que en un esfuerzo genuino del gobierno por impulsar una transformación estructural en términos del combate a la corrupción.

Con esto no queremos decir que no se deban exigir acciones concretas del aparato gubernamental para castigar a esos gobernadores que administraron sus estados como verdaderos “calígulas” o señores feudales. No, a lo que nos referimos es al problema, ya mencionado, del uso político de la justicia mediante la creación de espectáculos mediáticos que simulan acciones contundentes del gobierno, ya sea para ganar popularidad o votos. Es decir, la impartición de justicia se vuelve una especie de as bajo la manga utilizado por los gobiernos para obtener beneficios particulares; dicho de otra forma, hay una utilización y una visualización de la justicia como medio y no como fin.

Decimos todo esto porque la Procuraduría General de la República (PGR) ha puesto de moda la práctica de antaño de ofrecer recompensas por los criminales más buscados, y, ahora, como parte del show mediático, los criminales más buscados y más peligrosos ya no son los grandes capos de la droga sino los ex gobernadores corruptos que a todas luces operaban como verdaderos Virreyes. Esos gobernadores escudados en el sistema federal del país prácticamente “hacían y deshacían” a voluntad a la vista de ciudadanos y autoridades, de ahí que sea acertada la crítica que apunta a que la legislación del Sistema Anticorrupción llegó tarde y resultó en un sistema descafeinado y sin dientes para castigar de manera expedita la corrupción.

Como sabemos, en ese contexto de “cacería de brujas” con tintes políticos y mediáticos, la PGR lanzó un comunicado en el Diario Oficial de la Federación hace algunas semanas en donde ofrece una recompensa de 15 millones de pesos por la captura tanto de Javier Duarte, como del ya entregado Guillermo Padrés. De la misma forma este miércoles 23, lanzó otro comunicado con la misma recompensa para obtener información para la captura del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, prófugo desde hace 4 años y buscado tanto por la justicia mexicana como por la estadounidense. (Vía: El Universal)

¿Por qué ponerle precio a su cabeza después de cuatro años? Parece ser que esta acción de mediatizar la persecución de Yarrington responde de cierta forma nuestra hipótesis sobre la politización de la justicia. Parece ser que la estrategia tiene la finalidad de proyectar una imagen del gobierno, y del partido en el poder, como los referentes en el combate a la corrupción, sobre todo porque los dos personajes más buscados son referentes del pillaje y las corruptelas: Duarte es visto como la encarnación de la corrupción y la transa, y Yarrington como la encarnación del llamado narcogobierno.

Hay que recordar que Yarrington tiene una orden de aprehensión por delitos como crimen organizado, corrupción y delitos contra la salud. También es buscado en Estados Unidos en donde se le acusa de facilitar el tráfico de drogas hacia el estado de Texas durante su gestión como gobernador. Las autoridades lo relacionan con el Cártel del Golfo y el de los Beltrán Leyva, de quienes recibió sobornos millonarios, con el fin de que el gobierno local los dejara operar libremente. (Vía: El Universal)

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