¿Qué pasó en Iguala? Pleito a dos voces por la verdad de Ayotzinapa

Todavía no existe una versión única de lo que sucedió el 26 de septiembre de 2014 con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

A más de 18 meses de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de 3 más, no existe una versión única de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Por un lado, el Estado mexicano sostiene que los estudiantes fueron secuestrados en complicidad con fuerzas de seguridad locales y fueron entregados a un grupo de crimen organizado que los asesinó con distintos métodos, quemó los cuerpos en un basurero comunal y esparció las cenizas en un río. Por otro, los familiares de las víctimas han luchado por ahondar en las investigaciones y encontrar una verdad coherente y sostenida en pruebas de lo que sucedió con sus hijos.

1. La “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República

La versión oficial de lo que sucedió con los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala dice que fueron incinerados en un basurero comunitario ubicado en el municipio de Cocula, Guerrero. Todos recordamos cuando el exprocurador de justicia Jesús Murillo Karam declaró en cadena nacional el 7 de noviembre de 2014 que:

El hallazgo de éste alto número de fragmentos de restos óseos con exposición térmica a fuego directo, comprueba científicamente la versión declarada por los detenidos, de que una vez que se extinguió el fuego, los restos humanos fueron triturados para su fácil desaparición y difícil identificación. […] Ésta, es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente.

Sin embargo, desde muy pronto los padres de los normalistas expresaron su desconfianza ante la “verdad histórica” de la PGR por falta de pruebas y por irregularidades en la investigación. Esta opinión tomó fuerza y seriedad con el apoyo de grupos defensores de derechos humanos y con especialistas independientes que comenzaron a cuestionar, desde el análisis meticuloso, las declaraciones de Murillo Karam.

2. La creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes

Poco después de la conferencia de prensa que el exprocurador cerró con la frase “Ya me cansé” ante una de las preguntas, el 18 de noviembre de 2014 se firmó un acuerdo entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la formación de un  Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que pudiera brindar asistencia técnica en distintos rubros del caso.

El principal objetivo del GIEI era, según el documento de su creación: “realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los normalistas desaparecidos”. Es decir, revisar y evaluar las tareas que le corresponden al Estado mexicano: una instancia internacional tuvo que intervenir en nuestro país ante el probable mal funcionamiento de las dependencias encargadas de brindar justicia en el país.

El Grupo se comprometió a elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, hacer un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y realizar un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre. Aunque el plazo inicial de acción era de seis meses, la estancia del Grupo podría extenderse el tiempo que fuera necesario para cumplir sus objetivos.

El equipo internacional de colaboración se integró de reconocidos especialistas en materia de derechos humanos:

1. Carlos Beristain, médico y doctor español en psicología, fue coordinador del informe Nunca más, sobre el genocidio en Guatemala; trabajó en Colombia con víctimas de conflictos armados; en Perú, Paraguay y Ecuador colaboró en distintas Comisiones de la Verdad, además de otros trabajos fuera del continente americano.

2. Francisco Cox, abogado chileno, participó con el equipo que logró la extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet a España; fue asesor principal del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y participó en varios casos de litigio penal y constitucional a favor de víctimas de violaciones de derechos humanos.

3. Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca experta en derecho penal. Su principal trabajo está relacionado con su investigación sobre el crimen organizado en Guatemala. Durante su gestión como fiscal general de su país, se logró la condena de perpetradores del genocidio del pueblo maya, entre los que se encontraba el exdictador Efraín Ríos Montt.

4. Ángela Bruitrago, abogada colombiana. Su trayectoria está marcada por la lucha contra funcionarios públicos relacionados con desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en su país.

5. Alejandro Valencia, abogado colombiano. Fue consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y perito la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Participó en Comisiones de la Verdad en  Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú.

3. El primer informe del GIEI

El 6 de septiembre de 2015, el Grupo dio a conocer su primer informe sobre su trabajo en México (aquí puedes leer nuestro resumen). Uno de los puntos más importantes fue la aclaración de que no era posible, científicamente hablando, que 43 estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero municipal de Cocula.

Con la ayuda del doctor José Torero, reconocido especialista en investigaciones sobre incendios, el GIEI determinó que no existían evidencias que apoyaran la hipótesis expresada por el exprocurador de justicia. Los restos recolectados en el basurero mostraron que en el lugar había habido incendios de diversa intensidad, cuya temporalidad no puede ser definida con exactitud.

Toda la evidencia recolectada muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado en el basurero municipal de Cocula. De haber existido un fuego de esta magnitud, daños generalizados serían visibles en la vegetación y la basura. Ninguno de estos elementos muestra estos daños (vía Informe GIEI).

4. Nuevo peritaje de la PGR

Ante la caída de su principal versión sobre lo que ocurrió en Iguala, la PGR perdió credibilidad frente a los familiares de las víctimas, frente a la opinión pública y frente a instancias internacionales de diversos ámbitos. A partir de estos sucesos hubo cambios en los encargados de instancias publicas (como el nombramiento de una nueva procuradora de justicia); retomaron fuerzas las cientos de movilizaciones en apoyo a los padres de Ayotzinapa y, de unos meses a esta parte, comenzaron fuertes campañas de desprestigio contra los integrantes del GIEI.

Entre los logros que, al interior del país, se lograron estuvo la repetición de peritajes en el lugar de los hechos. Lo que nos trae hasta los días pasados. La Procuraduría General de la República presentó nuevos avances de investigación el viernes pasado, como te informamos aquí. La dependencia federal estableció que, según los estudios recientes, hubo un fuego controlado de grandes dimensiones en el basurero de Cocula y que “al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar”.

En poco tiempo, el Grupo Interdisciplinario expresó su indignación frente a las declaraciones de la PGR, puesto que el mensaje oficial no cuenta con el visto bueno de los expertos, además de que está basado en un informe preliminar que no ha sido debidamente revisado e interpretado. Con esto, se hizo pública la ruptura de los acuerdos de comunicación y consulta entre la dependencia nacional y la internacional (puedes leer más al respecto aquí). Por medio de un nuevo comunicado, la Procuraduría respondió que:

El nuevo estudio del fuego, cuyas principales conclusiones fueron dadas a conocer el día de ayer por el representante de sus autores, de ninguna manera es unilateral. Como ya se ha informado, fue elaborado por un grupo colegiado de seis expertos con las más altas calificaciones y reconocimientos profesionales que, luego de semanas de valoraciones y construcción de acuerdos, se integró a propuesta, a partes iguales y por consenso, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Procuraduría General de la República (vía PGR).

5. El Equipo Argentino de Antropología Forense

Hay en esta historia, otro personaje del que no hemos hablado aquí. Se trata del Equipo Argentino de Antropología Forense, organización no gubernamental que lleva varios años (desde 1984) trabajando en la investigación de 9 mil desapariciones forzadas en Argentina durante la dictadura militar de 1976 a 1983. El EAAF ha realizado indagaciones para aclarar casos de violaciones en derechos humanos en América Latina, África, Asia y Europa, por lo que su prestigio es internacional y extendido.

Su trabajo en México comenzó hace varios años en trabajos de identificación de cadáveres femeninos hallados en fosas clandestinas del estado de Chihuahua. Su labor en relación con Ayotzinapa dio inicio en octubre de 2014, en respuesta a la petición de los familiares de los normalistas desaparecidos. A pesar de que sus gestiones han sido independientes de las del GIEI, el Equipo Argentino ha llegado a las mismas conclusiones: no es posible afirmar con pruebas que los estudiantes hayan sido incinerados en Cocula y, aún más, la forma en que el gobierno mexicano llegó a esa conclusión tiene numerosas inconsistencias de procedimiento y análisis. El 8 de febrero de este año, el EAAF dio a conocer los resultados de su propio peritaje en el basurero. Tras un trabajo minucioso, el Equipo determinó que es imposible, científicamente hablando, sostener la hipótesis de la PGR.

En un comunicado difundido ayer, el EAAF le solicitó a la PGR varios puntos: que responda y explique los temas planteados por el Equipo en sus resultados del peritaje que realizaron en Cocula, cuyas conclusiones presentaron en febrero; que se haga público el hecho de que no es posible determinar a quiénes corresponden los restos humanos hallados en el basurero; que se reconozca que no hay respuestas concluyentes del panel de expertos que participó en el último peritaje sobre la posible incineración de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

De manera contundente, el EAAF reiteró su posición respecto a la “verdad histórica” del Estado mexicano y mostró disposición para discutir o refrendar las conclusiones difundidas ayer, dentro de los marcos legales pertinentes:

En opinión del EAAF no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los restos hallados en el Basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la PGR, en la bolsa del Río San Juan, de donde proviene la única identificación posible hasta la fecha de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio (vía Sin Embargo).

6. Las Plumas opinan

¿A quien debemos creerle sobre lo que ocurrió en Iguala? Por un lado, la Procuraduría ha demostrado vacilaciones al enfrentar el caso Ayotzinapa, tales como cambios en los funcionarios, declaraciones ambiguas y poco interés en explicarle a la sociedad, de manera amplia e informada, sobre las bases para sostener sus hipótesis. Por otro, tanto el GIEI como el EAAF han publicado largos informes sobre sus avances e investigaciones en torno al caso Iguala y siempre han mostrado disposición a contestar entrevistas y participar en espacios públicos para explicar y discutir sus teorías.

Mientras que los intereses de una instancia pública podrían interferir en la muestra de resultados, instancias internacionales independientes carecen de programas políticos locales, por lo que sus conclusiones no tienen repercusión directa en su prestigio.

Para el Estado mexicano reconocer que hay fallas en sus métodos de investigación y de impartición de justicia (además de los reconocidos problemas de corrupción en gobiernos locales coludidos con el crimen organizado), implicaría aceptar que la lista de cosas por mejorar en el país es más extensa de lo que sería aceptable. El costo político de asumir que existe un descontrol focalizado en muchas (pero muchas regiones de México) implicaría reconocer la incapacidad de controlar un problema que comenzó a hacerse público desde hace al menos cinco años, con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; es decir, el problema de los cientos de miles de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales a lo largo del país, relacionadas con la complicidad entre gobiernos locales y crimen organizado.

Sin embargo, no es fácil hacer caso omiso a las conclusiones de los expertos. El discurso de los organismos internacionales tiene fuertes bases científicas que no son refutables. El problema de legitimidad del actual gobierno mexicano toma nuevas dimensiones cuando se vuelve imposible sostener una buena imagen de la administración rigente.

Con todo, no puede olvidarse que el derecho a la verdad es fundamental para el ser humano. Quizás nunca habíamos tenido que enfrentar la imposibilidad de creer en un discurso oficial; sin embargo, esta vez hay voces autorizadas que, con pruebas en la mano, contradicen las palabras de quienes dirigen el país.

Aún cuando sobreviva la buena voluntad de creer, como acto de fe, la “verdad histórica” de Murillo Karam, es innegable que los procedimientos y diligencias realizadas para sostenerla son pobres e insuficientes.

La única certeza que podemos compartir, quienes confiamos en el trabajo científico y quienes confían en la sinceridad del gobierno, es que en México los organismos de impartición de justicia no trabajan bien. De otro modo, ¿por qué tuvo que tomarse la cautela de llamar a instancias internacionales para revisar (y la mayoría de las veces rehacer) el trabajo de las autoridades mexicanas en el caso Ayotzinapa? ¿Por qué no coinciden los resultados? ¿Por qué mientras unos se basan en la ciencia, los otros se apoyan en la manipulación mediática de la información?