No han pasado ni diez días desde la entrada en vigor del aumento en los precios de los combustibles y, por todo el país, se han presentado manifestaciones mayoritariamente pacíficas exigiendo su cancelación, pero también denunciando la corrupción política, los actos injustos y los casos abiertos por omisión o impunidad (como Ayotzinapa y Nochixtlán).
Desde marchas por las avenidas principales de la Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Guadalajara, Oaxaca y Xalapa, hasta cercos ciudadanos a centros de distribución de gasolina en Rosarito, bloqueos de vías férreas y liberación de casetas y gasolineras, la sociedad completa está respondiendo de muy diversas formas a la pregunta que lanzara Enrique Peña Nieto en su mensaje a la nación: “¿Qué hubieran hecho ustedes?” (Vía: Animal Político)
A la par de estas manifestaciones sociales, se han registrado cientos de saqueos. Si bien han ocurrido por todo el país, en estados como Guerrero, Veracruz y el Estado de México se concentraron hechos como estos que, como ya te reportábamos, han sido denunciados por agrupaciones civiles como provocados y organizados por “grupos de choque” al servicio de grupos de poder. (Vía: Sin Embargo)
La tensión social en las calles resulta evidente: un buen número de policías reguardan supermercados y centros comerciales en CDMX y varias protestas pacíficas han enfrentado una represión policial que no guarda correspondencia con sus acciones, por ejemplo, en el municipio de Nogales, Son., una protesta que bloqueó por un par de horas la vía férrea Sonora-Arizona fue desalojada a golpes por miembros de la Policía Estatal de Sonora y el cerco que ciudadanos hicieron en la ciudad de Rosarito, BC, fue igualmente reprimida con lujo de violencia. Ante estos hechos, los gobernadores tanto de Sonora, como de Baja California, han negado a medios el uso de violencia para “recuperar” las instalaciones. (Vía: La Jornada)
Las medidas de “mano dura” contra los supuestos saqueadores ha estado colmada de denuncias de tortura, detenciones arbitrarias e incumplimiento del debido proceso. Animal Político ha hecho recopilado el testimonio de dos casos (de mil quinientos detenidos por todo el país): una detención arbitraria y un sospechoso que ya ha sido procesado, juzgado y condenado en tan sólo un par de días, sin representación legal, sin permitirle comunicarse con sus familiares, ni defenderse de las acusaciones que la policía de CDMX hace contra él. (Vía: Animal Político)
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha declarado que “no habrá impunidad” contra los saqueadores, y parece que es un decreto que juzgados y Ministerios Públicos de todo el país están siguiendo al pie de la letra, pero ¿se está juzgando a las personas que cometieron los actos delictivos, o ésta es una respuesta autoritaria frente a una sociedad que está respondiendo y se está organizando?
