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La efectividad de la protesta: BC da vuelta atrás a la privatización del agua

A finales del año pasado, el gobierno recién elegido del panista Francisco Vega de Lamadrid anunciaba que, debido a que su administración no podía mantener la infraestructura de agua potable que surte al estado, el Congreso estatal había aprobado la que fue conocida como la “Ley del Agua”, pero pronto se enfrentó a la protesta.

Esta reforma, como muchas ocurridas en organismos paraestatales como Teléfonos de México, Ferrocarriles Mexicanos, el Instituto Mexicano de Televisión… tras años de recortes presupuestales, de negligencias y abandono, el Estado “ya no puede” hacerse cargo” y, por tanto, considera que lo más “prudente” es vender la industria a la Iniciativa privada. Cuando se trata de teléfonos y el desarticulado sistema ferroviario, no es algo que se “vea”, que afecte la vida cotidiana de millones de ciudadanos. El problema es que fue el agua. El problema, también, fue que se anunciaba un aumento del 27% en las cuotas. El problema, también, fue que ocurrió en el marco del incremento de las gasolinas, en vigor desde el 1 de enero de este año. (Vía: Animal Político)

El martes 9 de enero y el jueves 12, decenas de miles de bajacalifornianos se lanzaron a las calles de su capital, Mexicali, a exigir no sólo la abrogación de la ley de privatización del agua: también a exigir un recorte general de los sueldos de la alta burocracia, la renuncia de los diputados locales que aprobaron la reforma y la marcha atrás (o que, por lo menos, su gobierno lanzara alguna medida para frenar) el aumento a las gasolinas. (Vía: Proceso)

El 17 de enero, es decir, cinco días después, el gobernador anunciaba por redes sociales y en los medios que había enviado al Congreso del estado la abrogación de la reforma, junto con una serie de medidas para enfrentar el aumento de los combustibles. (Vía: Aristegui Noticias)

El conflicto por el derecho al agua (declarado hace un par de años como un derecho humano por la Organización de las Naciones Unidas) ocurrido en Baja California recuerda, en cierta medida, al ocurrido en la década de los ochenta en Bolivia, cuando una compañía canadiense buscó privatizar la infraestructura y el consumo del agua no sólo de la capital, La Paz, sino de todo el país andino. Las revueltas que le siguieron no sólo tumbaron la propuesta, sino que lanzaron al país en un caos político que, para varios politólogos y especialistas, inició un movimiento de reclamos sociales que culminó con la presidencia de Evo Morales, el primer presidente indígena en un país con una población donde más del 50% se considera de ascendencia indígena.

La comoditización de bienes comunales, como el agua, como el petróleo, como las redes de comunicación, dejan ver los bajacalifornianos, puede ser enfrentada desde la calle.