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Apelando a la jurisprudencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por medio de su ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que es imperativo impulsar una reforma para instituir un sistema de “jueces sin rostro” con el fin de garantizar la integridad y la seguridad de estos al momento de impartir justicia en temas relacionados con el crimen organizado. Todo esto en relación en el marco del reciente asesinato del juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, Vicente Antonio Bermudez, quien estaba a cargo de analizar casos relacionados a capos de la droga como Joaquín Guzmán Loera y altos mandos y operadores del cártel de los Zetas.

Los “jueces sin rostro” fueron instaurados en Perú en 1981 frente a la presencia del grupo terrorista Sendero Luminoso  (Partido Comunista de Perú); asimismo fue instaurado en Colombia con la finalidad de poder juzgar a las FARC y en Italia para combatir a la mafia. En el caso de México la figura podría ser instaurada para hacer frente de manera más eficiente al crimen organizado protegiendo el anonimato de los jueces y así prevenir casos como el de Bermúdez.

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El ombudsman señaló que para llevar a cabo la operación de jueces sin rostro es necesario que se haga una reforma legislativa, que aplique a todos los niveles de gobierno y debe, además de ser tomada en cuenta por el Consejo Nacional de Seguridad para tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad de los jueces. Apuntó que se debe hacer frente a la impunidad y que las instituciones pertinentes deben aprehender, procesar y encarcelar a los responsables del homicidio aplicándoles todo el rigor de la ley (Vía Milenio).

En esa línea señaló González Pérez que la propuesta:

“Es un mecanismo que tiene que evaluarse. Efectivamente, a los jueces se les tiene que brindar todo tipo de seguridades para que ejerzan con imparcialidad su labor, los jueces son precisamente quienes aplican el derecho al caso concreto.” (Vía Excélsior)

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Por su parte, los legisladores de todas las bancadas condenaron el asesinato del juez y enviaron sus condolencias a los familiares y amigos, y reiteraron su solidaridad con el Poder Judicial de la Federación. El presidente de la Comisión Anticorrupción, Héctor Yunes, señaló que la solicitud de la Suprema Corte de salvaguardar la seguridad de los jueces es una medida oportuna ya que:

“Es una obligación de la Suprema Corte proteger a quienes imparten justicia. Yo creo que no podemos dar lugar a lo que se dio en Colombia, donde tenían que andar encapuchados los jueces para no ser identificados cuando dictaban una sentencia. Yo creo que no podemos llegar a esos extremos.” (Vía Milenio)

Hay que señalar que en marzo de 2011, surgió una propuesta de “jueces sin rostros” desde la bancada del PRI en la Cámara de Diputados que añadía leyes a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicha reforma no prosperó en su momento, pero con lo sucedido vuelve a estar sobre la mesa.

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