Promovieron juicio contra sacerdotes que discriminaron a indígenas

A 20 días de la denuncia presentada, los abogados informaron que se ha incurrido en una "falta de acción" para proteger la libre determinación de Santa Clara.
Santa

En enero pasado, Plumas Atómicas se les dio a conocer que los pobladores de Santa Clara del Cobre, Michoacán, denunciaron a la Diócesis de Tacámbaro ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), al considerar que la Diócesis estaba violando sus tradiciones. Sin embargo, ahora por incumplimiento a sus demandas, los habitantes de la comunidad promovieron un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la Dirección de Asuntos Religiosos del gobierno de Michoacán.

Como se recordara, el obispo de Tacámbaro y el Párroco de Santa Clara del Cobre, estaban acusados de violentar el derecho político a la libre determinación. El 26 del pasado mes, los habitantes de esta comunidad interpusieron una queja ante el CONAPRED, contra el obispo de Tacámbaro Gerardo Díaz Vázquez y el sacerdote Heriberto Díaz Piñón.

En aquella ocasión, acusaron a ambos prelados de atentar contra el sistema de organización en barrios, el cual, según advierten, derivará en un daño irreversible al patrimonio cultural de esta comunidad indígena y de todos los michoacanos. De acuerdo con los pobladores, los problemas empezaron con la llegada del sacerdote Heriberto Díaz Piñón en 2008, quien comenzó a minar el modelo de organización comunal, al grado que desde 2014 ya no se realizan fiestas tradicionales como la procesión de “La lavandera” y la de “Las pastoras”.

Sin embargo, a más de 20 días de la denuncia presentada, los abogados responsables del caso informaron que la Dirección de Asuntos Religiosos, a cargo de la directora Teresita del Niño Jesús Vega Campa, ha incurrido en una “falta de acción” para proteger el derecho político a la libre determinación de los pueblos indígenas.

“Lo que hicieron fue avisarle al obispo que había una inconformidad, pero no se le dio ninguna instrucción para que impidiera la reunión, que sí se llevó a cabo, aunque fueron más discretos, y no se tocó la pretendida renovación de autoridades barriales”, explicó Orlando Aragón Andrade, abogado integrante del Colectivo Emancipaciones, responsable del caso.

Y ante lo que los pobladores consideraron una omisión y un tratamiento inadecuado del caso, en el que también se pretendió una “medida conciliadora”, el 17 de febrero se interpuso una demanda de juicio, para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Superior.

“Lo que buscamos es que el TEPJF obligue a la Dirección de Asuntos Religiosos a inhibir tanto al obispo como al sacerdote de estarse entrometiendo en los asuntos de la estructura de barrios de Santa Clara, ese es un derecho político que encaja en la esfera de la autonomía de la comunidad, por lo tanto, la Iglesia católica no puede meter mano en la estructura de gobierno”, explicó Aragón Andrade.