El 6 de enero, la regidora priista Catalina Mejía Alvarado y su esposo, Héctor Chávez Saldívar, empujaron y golpearon a Emma Juárez, miembro del Comité Salvemos Temacapulín, durante la celebración de las fiestas patronales de la Temacapulín, señaló Somoselmedio.
“Me vale madre, yo soy la regidora y aquí se hace lo que yo digo”, le dijo la funcionaria de Cañadas de Obregón, Jalisco, a los presentes mientras trataba de frenar el programa planeado en la celebración, según lo establecido en la carpeta que se abrió por la denuncia en la Fiscalía General del Estado, en la delegación regional Zona Altos Sur Tepatitlán de Morelos.
Anteriormente, apunta Somoselmedio, Mejía disparó al aire en la plaza pública de Temacapulín, poniendo en riesgo la vida de la gente. Los pobladores aseguran que no es la primera vez que la regidora se comporta de esta manera.
Testigos señalaron al medio que la regidora es parte de un grupo del PRI que apoya la construcción de la Presa El Zapotillo, en los Altos de Jalisco. Con la obra se pretende llevar agua a León, Guanajuato, y Guadalajara, Jalisco, sin embargo, implicaría la desaparición de los milenarios pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Debido a ésto, el comité lleva más de 12 años resistiendo la construcción de la presa.
“Denunciamos que esta agresión y provocación no es un hecho aislado y está orquestado por un grupo de choque priista que pretende imponer la Presa El Zapotillo-Acueducto Zapotillo León y que opera en favor del Gobierno y las empresas constructoras“, denunciaron, según Mural.
Integrantes del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), quienes asesoran a los activistas, denunciaron que la conducta de Mejía es parte de una estrategia para desarrollar el proyecto y retirar a las comunidades de los territorios. Los habitantes serían enviados a un lugar llamado Talicoyunque.
IMDEC agregó que el objetivo de la estrategia es crear división y conflicto entre comunitarios y pidieron a las autoridades investigar los hechos ante el escenario electoral. Por su parte, el Comité interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y el presidente municipal de Cañadas de Obregón, Jaime Gustavo Casillas Vázquez.