La PGR investiga a Tomás Zerón y sólo le impone sanciones administrativas

Han pasado 28 meses desde que comandos armados tomaran y desaparecieran a 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Han pasado 28 meses y, en mucho, las cosas siguen igual que la mañana del 27 de septiembre de 2014, cuando padres y compañeros de esos 43 se dieran cuenta de que no estaban con ellos, que no aparecían y que no había forma de saber, siquiera, si seguían vivos. Poco antes de que se cumpliera el primer mes de su desaparición, Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República (PGR), informaba por primera vez  en conferencia de prensa lo que sería conocido como “verdad histórica” (una serie de “hechos” y “evidencias” que han sido refutadas una y otra vez por varios grupos de expertos); su principal arquitecto, Tomás Zerón de Lucio, entonces director de Agencia de Investigación Criminal (AIC), fue, la semana pasada, el centro de una investigación por la misma Procuraduría, que había sido filtrada como una profunda autocrítica con posibles resultados penales terminó siendo tan sólo un regaño administrativo. (Vía: Proceso)

Desde comienzos de septiembre del año pasado se filtró un reporte de la Visitaduría Interna de la PGR, era una investigación profunda y dura sobre la actuación no sólo de Zerón, sino de todo el aparato institucional de la Procuraduría: las omisiones administrativas, las “versiones” diferentes, el reconocimiento de haber torturado a los “principales testigos” en los que se basó (entre otras cosas) la teoría del basurero de Cocula… el entonces Visitador, César Alejandro Flores Chávez, y su equipo llegaban a conclusiones muy semejantes a las que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) llegó sobre la nula participación (o la activa impedimentación) de la PGR. Entre otras cosas, el informe acusaba a Tomás Zerón de “afectar el derecho a la verdad” en el caso. (Vía: Aristegui Noticias)

Ese informe fue negado en varias ocasiones por la entonces procuradora Aracely Gómez como un “borrador” sin validez oficial. Salió Gómez de la titularidad de la PGR y salieron también Zerón y Flores; la comisión de los padres y madres de los 43 rompió el diálogo con la PGR como protesta frente a lo que veían como una investigación sin intención de encontrar ni la verdad ni a sus hijos y, seis meses después, cuando la semana pasada la misma PGR anunciaba que se estaba analizando la posibilidad de procesar a Zerón, tomó, finalmente, la decisión de imponer sólo “sanciones administrativas”, basándose en otro informe, mucho más “suave” con el ex director de la AIC. (Vía: New York Times)

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La supuesta investigación contra quien ha sido señalado una y otra vez como el “arquitecto” de la “verdad histórica” llevó a los padres y madres de los 43 a volver a reunirse con la PGR, ahora con Raúl Cervantes a la cabeza, con el secretario de Gobernación y otros representantes del gobierno federal, pero, como era de esperarse, los resultados no sólo fueron poco favorables para los familiares, sino que reafirmaron las razones por las que habían roto el diálogo en primer lugar, tal como dijera Emiliano Navarrete, padre de uno de los desaparecidos:

“¿Cómo es posible que después de 28 meses en que desaparecieron nuestros hijos, el gobierno no sepa dónde están? No podemos aceptar tanta ineptitud y que no puedan dar respuestas. Lo que vemos es que en la PGR no hay voluntad para dar con nuestros hijos y esclarecer los hechos”. (Vía: Proceso)

Sin una agencia investigadora que se responsabilice por sus propios errores, por querer forzar una narrativa que no sólo criminaliza a las víctimas, sino que desarticula su búsqueda y la libra de responsabilidades, pareciera que vamos a llegar al tercer año de la Noche de Iguala con más preguntas, con más urgencia de que aparezcan los normalistas y con el miedo constante de que su desaparición sea normalizada por todos, porque “así son las cosas”, porque “ya nos cansamos”.