PGR investigará a funcionarios que ocultaron evidencia en caso Ayotzinapa

La Procuraduría General de la República inició una investigación abierta en contra de los funcionarios que ocultaron la libreta de Sidronio Casarrubias, líder de los “Guerreros Unidos”, en la que aparecen nombres y teléfonos de supuestos contactos que el capo tenía con elementos del gobierno local, estatal y federal.

A principios de octubre de 2014, cuando fue detenido el supuesto líder del supuesto cártel de los Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, la PGR incautó también una libreta donde, además de los apuntes operativos y personales de Casarrubias, se encontraban nombres, contactos y números de teléfono de varios funcionarios de gobiernos locales, estatales y muncipales. Entre los nombres más destacados, estaban el que hoy es titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Omar Hamid García Harfuch. (Vía: Animal Político)

Hamid García Harfuch, director de la AIC

La Visitaduría General de la Procuraduría, encargada de revisar la investigación y a los funcionarios relacionados a ella, descubrió que la libreta “no fue entregada” a ninguno de los diferentes equipos internacionales e interdisciplinarios, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ni al mismo subprocurador de Derechos Humanos una vez que su subprocuraduría tomó la investigación, ni a los padres de los desaparecidos. (Vía: Aristegui Noticias)

Sin embargo, este “descubrimiento” de la Visitaduría no pone en riesgo las líneas de investigación que la misma PGR ha impulsado desde el comienzo: pues, según sus propias investigaciones, lo anotado en la libreta por el capo no es evidencia suficiente para demostrar una relación entre los funcionarios y Casarrubias, sino tan solo que el capo “se estaba informando” de quiénes eran y cómo podían ser contactados. También, la misma Visitaduría ya ha deslindado cualquier investigación contra García Harfuch, pues el actual titular de la AIC era coordinador general de la PF en Michoacán y no en Guerrero (sí, ese fue el argumento a prueba de balas). (Vía: El Universal)

Así, la Visitaduría está considerando una omisión grave como un error burocrático e investigará sólo a funcionarios de bajo nivel y trabajadores que, lo más probable, sólo seguían órdenes.

A dos años y medio de la noche de Iguala, se siguen sumando dos evidencias: la PGR hará todo lo posible por proteger a sus altos funcionarios, y no hay señales de que, en verdad, estén preocupados por descubrir qué ocurrió y dónde están los 43 normalistas desaparecidos.