Periodistas en México sobreviven atentados, secuestros y mala protección

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas acoge oficialmente a 16 periodistas que se han visto forzados a dejar su profesión y hogar ante las amenazas y agresiones que enfrentan al ejercer. Además de la violencia que viven al huir, tienen que lidiar con un gobierno que no atiende sus necesidades en calidad de “refugiados internos”. (Vía: La Jornada)

Este mecanismo y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) son los que se encargan de que un comunicador, al ser acreditado, reciba lo que necesita. Cada semana reciben 3 mil pesos semanales en vales para supermercado, alojamiento y recursos para el transporte. A veces les asignan medidas cautelares como escoltas o botones de asistencia. Sin embargo, no hay auxilio en materia de salud o escolar, un problema para aquellos que tienen a una familia.

Julio Omar Gómez Sánchez, de Noticias 911, es uno de los que recibe ayuda del gobierno. Sobrevivió tres atentados. Tres veces también trataron de incendiar su casa en Baja California Sur y en la tercera ocasión habían hombres armados esperándolo. Ahora sufre estrés postraumático y aunque recibe terapias gratuitas, los medicamentos para las crisis de ansiedad, pánico, insomnio o depresión no son baratas.

Además está el caso del tamaulipeco Gildo Garza, quien fue secuestrado dos veces en 2012 y 2013 por el crimen organizado. En la segunda ocasión, señala La Jornada, lo torturaron. En 2014, uno de sus socios fue asesinado y regresado en cachitos. Con todo y una campaña de desprestigio en su contra, Gildo hizo otro periódico –digital en esta ocasión– y no fue hasta que le cayeron más amenazas que recibió protección del gobierno.

“Te desplazas, salvas la vida por el momento, pero ¿vas a dejar a tus hijos sin escuela, sin seguro social? (…) He pedido ayuda a la CEAV, pero me dicen que ellos no tienen contactos ni con la Secretaría de Educación Pública ni con el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Entonces?”, señaló Omar Bello, periodista desplazado de la Costa Grande de Guerrero, a La Jornada.

“El Mecanismo tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor”, dice la descripción del sitio del Mecanismo. Este apoyo sólo va para los periodistas que son acreditados. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) señala que la cifra negra debe ser mayor, pues muchos comunicadores no informan al gobierno y simplemente huyen. (Vía: La Jornada)

Aunque reciben el apoyo, los informadores en muchas ocasiones deben dejar de ejercer y en algunos casos señalan que nadie los querría contratar, lo cual los deja en situaciones precarias, pues, al depender de las dádivas gubernamentales, no tienen un control claro de sus recursos. Garza narró que en una ocasión fue desalojado con su familia porque no se le había pagado su hotel.

El Mecanismo, señala el periódico, recibe 16 millones de pesos al mes y cuenta con 37 funcionarios dedicados a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

La CPJ apuntó que en México asesinaron a nueve periodistas el año pasado (cifra que otros estiman como una más alta). Sus nombres son: Miroslava Breach Velducea, Cecilio Pineda Birto, Ricardo Monlui Cabrera, Cándido Ríos Vázquez, Edgar Daniel Esqueda Castro, Salvador Adame Pardo, Edwin Rivera Paz, Maximino Rodríguez y Javier Valdez Cárdenas.

Ante la violencia contra los comunicadores en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas emitieron un comunicado en diciembre donde se pide a México que se redoblen los esfuerzos para proteger a lo integrantes del gremio.

“La violencia contra quienes ejercen el periodismo ha sido una crisis para México por más de una década y a pesar de la creación por parte del Gobierno de mecanismos de protección y persecución, todavía la impunidad y la inseguridad siguen caracterizando esta situación a lo largo del país”, señalaron miembros de las organizaciones.