Ordenan a PGR reparar daño a mujer indígena

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El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFyA) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) la reparación integra del daño a Teresa González Cornelio, una mujer indígena que fue detenida, acusada y encarcelada durante tres años por el supuesto secuestro de elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). La resolución del Tribunal determinó que la PGR tendrá un plazo de 4 meses para indemnizar a Teresa.

Teresa González fue detenida en 2006, junto con otras dos mujeres indígenas, y se les acusó de secuestrar a los miembros de la AFI que, supuestamente, “realizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis de Amealco, Querétaro.” Teresa fue recluida y condenada a 21 años de prisión en el Centro de Readaptación de San José El Alto.

Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos atrajeron el caso de las tres mujeres y el Centro Pro Derechos Humanos (Prodh) las representó jurídicamente. Después de que el Centro interpuso  un recurso de apelación a la sentencia, se consiguió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara su liberación. Sin embargo, la PGR “se negó a reconocer su inocencia.”(Vía Proceso)

En 2010, Aministía Internacional declaró a las tres mujeres “presas de conciencia”, por considerar que se les negó un juicio justo y fueron encarceladas por “su situación marginal de mujer indígena, pobre  y con limitado acceso a la justicia.” Cabe mencionar que ninguna de las mujeres, todas de lengua otomí, contó con un intérprete al momento de su detención.

Ahora un Tribunal reconoce la inocencia y exige que la PGR haga lo mismo, pagando el daño. En un comunicado conjunto, el Centro Prodh y Amnistía Internacional, dieron a conocer esta resolución, afirmaron su carácter inapelable y señalaron que, de acuerdo con la orden, la PGR también “deberá difundir en los medios de comunicación la inocencia de Teresa.” (Vía  El Universal)

Ambas organizaciones afirman que el caso de Teresa es emblemático, considerando que con la lucha de las tres mujeres indígenas se sienta un precedente vital para que la PGR se responsabilice por los daños que comete el Ministerio Público cuando incurre en irregularidades. Finalmente, también se recordó que se mantiene pendiente de resolución el caso de otra de las mujeres, Antonia Alcantara, pues la PGR interpuso un recurso de revisión que pide revocar la orden de reparación de daño. (Vía Milenio)