ONGs denunciaron anomalías en la designación de ministros de la SCJN

Un nutrido número de organizaciones civiles, expresaron su preocupación frente a las deficiencias del proceso de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellas la falta de transparencia en el proceso y la ausencia de garantías de que los candidatos no tengan que ver con los poderes políticos. En conferencia de prensa, la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la abogada Ana Lorena Delgadillo, consideró que “una democracia exige proteger principios fundamentales entre los que se encuentra la división de poderes”, lo que implica un poder judicial independiente, imparcial y autónomo.

“Si no se logra que los mejores y más independientes abogados lleguen a la SCJN, se pierde la esencia de la democracia: la independencia judicial”, detalló la directora.

El procedimiento comienza con la elección de ternas por parte del Presidente de la República (Enrique Peña Nieto) y esta elección suele recaer entre personas cercanas a él y a sus consejeros jurídicos, señalaron las organizaciones como: Artículo 19, Borde Jurídico, el Centro Prodh, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Designaciones Públicas, la Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundar, Gire, el Instituto de Justicia Procesal Penal, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y México Evalúa.

El Ejecutivo Federal envió al Senado, el 13 de noviembre pasado, dos listas con tres nombres de juristas aspirantes a convertirse en ministros del tribunal de más alto rango en el país, pero de acuerdo con las organizaciones, al abstenerse de justificar sus propuestas, el Peña Nieto mostró que la elección de aspirantes carece de criterios objetivos y preestablecidos. Los senadores están a cargo de la segunda parte del proceso, en la que hacen comparecer a los candidatos y votan entre ellos.

Sin embargo, cada vez que se presenta una vacante en la Suprema Corte, los legisladores establecen el procedimiento y los tiempos que van a utilizar para llevar a cabo estas tareas, a partir de acuerdos parlamentarios que se crean y modifican sin restricción alguna, denunciaron las organizaciones. Miembros de las organizaciones coincidieron que los procedimientos para la evaluación de aspirantes que adoptó la Comisión de Justicia del Senado representan un avance.

“Las comparecencias ante la Comisión de Justicia es lo que más debemos proteger”, subrayó Iván García Gárate, profesor de derecho e investigador asociado de Borde Jurídico, acotó que  “cualquier acuerdo de la Mesa Directiva para restringir la amplitud y profundidad de estas comparecencias es un límite a nuestro derecho a contar con jueces imparciales”.

SCJN

Por: Redacción PA.