Mineras de Slim explotan recursos en áreas naturales protegidas

Cabe destacar que el método de minería a cielo abierto y separación de metales por medio de cianuro es un sistema prohibido en Estados Unidos, y otros países como Turquía, Grecia, República Checa, Australia, Alemania y Costa Rica por sus efectos devastadores para las sociedades y el medio ambiente.

La plataforma de lexiviación (proceso por el cual se extrae uno o varios solutos de un sólido, mediante la utilización de un disolvente líquido), del complejo minero San Felipe es un espectáculo impresionante de la ingeniería.

Sin embargo, este complejo tiene un problema: se encuentra a lado de un área protegida por su rica biodiversidad y especies endémicas en peligro de extinción. Y el dueño de este importante proyecto minero en México es nada menos que Carlos Slim Helú.

De acuerdo con el portal Animal Político, en 1994, Compañía San Felipe S.A. de C.V., subsidiaria de Minera Frisco (cuya presidencia es ostentada por el Slim), inició sus operaciones en el estado de Baja California.

El proyecto, que consistían en una mina de oro y plata en la región Sierra Pinta, hoy es considerado por el Servicio Geológico Mexicano uno de los principales desarrollos mineros en el país.

Sin embargo, la mina se encuentra peligrosamente cerca del Área Nacional Protegida (ANP) Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

Elisa Jeanneht Armendáriz, doctora en ciencias por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, señaló que en un inicio este proyecto no llamó la atención, a pesar de estar a un lado de una zona natural protegida, porque se presentó por partes. “Lo que hicieron fue una trampa para bajar el perfil”, afirmó la especialista.

Las primeras autorizaciones las concedió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 1993 y 1995. Entonces la Compañía San Felipe utilizaba el minado subterráneo, pero empezó a considerar la técnica de minería a cielo abierto para mejorar su esquema de explotación, lo que requeriría ampliar la superficie de trabajo y una enorme inversión.

Para 2001, la empresa suspendió temporalmente actividades. Compañía San Felipe no hizo públicas las razones, sin embargo, en su reporte anual de 2000, Frisco consideró que las condiciones del mercado minero eran poco favorables, por el estancamiento del precio de los metales.

En 2009, otra empresa subsidiaria de Frisco, Minera Real de Ángeles, realizó un contrato de arrendamiento y ocupación de las instalaciones de la mina. Este nuevo proyecto cambió drásticamente las operaciones: pasó de ser una mina subterránea a una mina a cielo abierto.

Cabe destacar que el método de minería a cielo abierto y separación de metales por medio de cianuro es un sistema prohibido en Estados Unidos, y otros países como Turquía, Grecia, República Checa, Australia, Alemania y Costa Rica por sus efectos devastadores para las sociedades y el medio ambiente.

A pesar de todo, este nuevo desarrollo fue presentado ante Semarnat por partes. En marzo de 2010, como un proyecto de alrededor de 60 hectáreas que incluyó la incorporación de un tajo (explotación de la montaña mediante minado); un circuito de trituración de minerales; patios de lixiviación (depósitos para separar el oro y la plata); tanques de almacenamiento de reactivos (cianuro); tepetatera (pila de material estéril); áreas de servicio (talleres y almacenes de diesel y explosivos); tres subestaciones, un canal de desvío de agua pluviales y dos caminos.

Luego, para septiembre de 2010, Semarnat autorizó una segunda parte. Esta nueva autorización de 360 hectáreas incluyó la planta de Merril-Crowe y fundición. Y en agosto de 2011, se autorizó una planta desalinizadora que ocupó otras 60 hectáreas.

Al final, Minera Real de Ángeles absorbió a Compañía San Felipe y se convirtió en la empresa encargada del proyecto minero. Entonces, la mina San Felipe procesó en 2013 -de acuerdo con el reporte anual de Frisco- 37 mil toneladas diarias de material. Cinco veces más que el año anterior.

La prueba de que el proyecto minero San Felipe nunca se detuvo, incluso durante la suspensión de trabajos de 2001 a 2009, está en la adquisición de las concesiones y también es un ejemplo de cómo una compañía madre utiliza a sus subsidiarias para expandirse.

Frisco ha adquirido concesiones mineras en el área de Sierra Las Pintas, Mexicali -donde se encuentra la mina San Felipe-, desde 1994. Lo ha hecho a través de tres diferentes subsidiarias: Compañía San Felipe, Minera María y Minera Real de Ángeles.

Sin embargo, la mayor parte de la población local e intermedia parece indiferente a la mina. Sólo un grupo reducido de ejidatarios del Plan Nacional Agrario –del que forman parte los terrenos en donde se encuentra el complejo minero- y algunos pescadores han cuestionado el proyecto.

Con 520 mil hectáreas, el ejido Plan Nacional Agrario (PNA) es uno de los más grandes del país. En 1991 los ejidatarios rentaron a Minera Frisco las primeras 63 hectáreas y en menos de 10 años la mina San Felipe ya tenía arrendadas mil 840 hectáreas del ejido.

En 2010, cuando la mina reinició trabajos, la empresa intentó comprar los terrenos, pero un grupo de los ejidatarios reclamó un pago más justo, considerando las ganancias que la mina obtiene de sus tierras.

Ricardo Rivera de la Torre, ex abogado del ejido, calculó que ese pago en un millón de dólares por ejidatario (dado que después de terminados los contratos, el lugar permanecerá contaminado durante décadas). Para entonces, los ejidatarios estimaron que Frisco había extraído del lugar 36 millones de dólares en oro.

En 2011, rompieron las negociaciones. Algunos ejidatarios iniciaron juicios en contra de la empresa –en el Tribunal Agrario, en la Secretaría de Desarrollo, Territorial y Urbano (Sedatu) y en la Comisión Nacional del Agua (Conagua)- por ocupar sus terrenos de forma irregular, adueñarse del agua y contaminar los mantos acuíferos.

Manuel Martín del Campo, actual representante legal del ejido, señaló que, de acuerdo con la ley agraria, un contrato de explotación, así como un contrato de ocupación temporal de los terrenos, es ilegal, porque están dentro de los terrenos de uso común del ejido.

Por su parte, los integrantes del comisariado ejidal se quejan del trato inequitativo de las autoridades, pues cuando firmaron los contratos de ocupación temporal, la Procuraduría Agraria lo aceptó en un día; en cambio, cuando ellos acudieron a presentar su denuncia, solo los desinformaron.

Lo que es un hecho, es que las demandas no han logrado que la mina detenga su expansión. Y los ejidatarios ahora se ven los efectos sociales: el principal de ellos es la falta y contaminación del agua.

De acuerdo con los datos del Registro Público de Derechos de Agua, Frisco es la empresa minera que más agua tiene concesionada en Baja California, un estado con escasos recursos hídricos. La empresa tiene dos concesiones de agua, una por 900 mil y otra por 203 mil metros cúbicos anuales.

En 2015, los ejidatarios demandaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que se clausurará los pozos que la empresa instaló en terrenos de los que no tienen contrato.

Asimismo, calcularon que extraen de manera ilegal 120 litros por segundo. Pero las autoridades no sólo no han dado seguimiento a la denuncia, sino que en enero de 2016, argumentaron que no la encuentran.

¿Que es la minería a cielo abierto?

En la minería a cielo abierto extraen los minerales explotando (literalmente) la montaña. Luego, los materiales son molidos, colocados en la plataforma de lexiviación y regados con agua con cianuro para iniciar la separación de los metales.

Durante el proceso se libera mercurio, metal que acompaña al oro y la plata y que aún en pequeñas cantidades es tóxico (la Organización Mundial de la Salud lo considera uno de los 10 productos químicos que plantean “especiales problemas de salud pública”).

A pesar de que ello, la construcción piramidal de la minera San Felipe se alza a escasos metros de la carretera que delimita la Reserva del Alto Golfo California-Delta del Río Colorado, y a menos de 30 kilómetros del mar de Cortés o Golfo de California, un lugar en donde viven una de tres especies de mamíferos marinos.

Desde hace varias décadas, organizaciones ecologistas han realizado campañas para proteger a la vaquita marina, especie marina endémica del Golfo californiano que esta peligro de extinción.

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) dice que las muertes de la vaquita son causadas principalmente por la redes de pesca, por lo que en 2015 se decretó una veda pesquera en el golfo.

Los pescadores de la Cooperativa de Producción Pesquera Ribereña del Puerto de San Felipe hicieron público un estudio de la calidad del agua del Golfo de Baja California en el cual, dos análisis distintos (uno del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y la empresa Asesoría Integral Ambiental), detectaron una alta concentración de mercurio en el agua.

Profepa respondió que los niveles de mercurio en el agua son normales y tienen mucho tiempo, pero que le darían seguimiento a la denuncia.

Más de un año después, Sunshine Rodríguez, presidente de la cooperativa de pescadores, se queja de que la vaquita sigue apareciendo muerta, a pesar de la veda, y ni las autoridades responsables ni las organizaciones ambientales indagan la relación con la mina.

Otros opositores de la mina hablan también sobre la afectación al borrego cimarrón, una especie protegida en la sierra Las Pintas, y que incluso los propios pobladores de la zona sufren de malformaciones, asma y alergias.

Sin embargo, la investigadora Jeanneht Armendáriz consideró que no existen tantas protestas de los ambientalistas debido a la política conservacionista y de desarrollo sustentable promovida por Carlos Slim, a través de sus fundaciones, la cual representa una inversión para sus otros negocios.

Por ejemplo, la Fundación Carlos Slim invirtió 2 mil 200 millones de pesos –sólo en 2010- en el convenio con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Secretaría de Medio Ambiente para la conservación de la biodiversidad en seis regiones de México, incluida el Alto Golfo de Baja California.

“El mismo empresario que avala proyectos de conservación y reforestación en 43 Áreas Naturales Protegidas Federales, tiene minas dentro de polígonos de protección, como es el caso de la mina de oro y plata San Felipe, con influencia directa hacia el Alto Golfo y Delta del Río Colorado”, señaló Armendáriz en su tesis para tener el grado de doctora en ciencias.

En cambio, el Programa de Conservación y Manejo de la Reserva, publicado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp), dedica cinco renglones a la actividad minera y de la salinera. Para las autoridades ambientales la conclusión es simple: el complejo minero que diariamente extrae 37 mil toneladas de materiales es “solo un impacto local” y que “no hay evidencias de impacto en la Reserva”.