En 2010, la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dieron inicio a una planta eléctrica que originó la conformación del Proyecto Integral Morelos (PMI). Este complejo consiste en dos centrales termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto. Sin embargo, con esta obra, varias comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala vieron sus derechos humanos violentados.
Según la recomendación número tres del 2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más de 40 quejas fueron presentadas contra el PMI, y en ésta se determinó que se violaron los derechos a la consulta previa, libre informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas y a la información.
La recomendación va dirigida al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael Pacchiano Alamán; Jaime Francisco Hernández Martínez, de la CFE, y Roberto Serrano Altamirano, de la Dirección General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Además, algunas quejas presentadas acusan amedrentamiento y agresiones por parte de las autoridades, omisiones del estado en relación con los derechos a la participación y consulta, inconformidad por la construcción del PMI y presencia del Ejército y la Policía Federal. En otras se hizo la solicitud de garantías de las comunidades. Todas fueron presentadas en Puebla, Morelos y Tlaxcala.
En total, según la recomendación, son 25 municipios de los tres estados los que se ven afectados por el gasoducto contemplado en el megaproyecto. En el trazo original, se contemplaba la incidencia en 22 demarcaciones.
La CNDH señala que las comunidades indígenas en esta área se vieron afectadas porque cuando se trata de la construcción de una obra de desarrollo o de inversión a gran escala que pueda tener un impacto en los territorios, se requiere del consentimiento libre, previo e informado, según las mismas normas de la CDI.
Tras la evaluación de evidencias y la situación jurídica, la CNDH recomendó a los tres funcionarios federales lo siguiente: instruir el diseño e impartición de un programa integral de educación, formación y capacitación en materia de derechos humanos, particularmente enfocado en la consulta previa a comunidades indígenas.
Además señalan que se debe designar a un servidor público de alto nivel que funja como enlace con la CNDH y las pruebas de que se está cumpliendo la recomendación.