Manifestantes echan abajo una iniciativa que beneficia César Duarte

El día de ayer, 22 de septiembre, en la ciudad de Chihuahua, el Congreso local sostendría una sesión para aprobar la asignación de una escolta al gobernador César Duarte, al fiscal general y al director de la Policía Estatal Única, así como la creación del Consejo de la Judicatura del Estado. Este hecho provocó la movilización de personas y varios integrantes de la Alianza Ciudadana, quienes tomaron la tribuna y obligaron a los legisladores a no dejar proceder la segunda iniciativa del orden del día. (Vía: Proceso)

Desde las redes sociales, comenzó a haber una presión el día anterior para que se negara la iniciativa de que el actual gobernador obtuviera agentes de seguridad como escolta después de que deje el cargo.

El Congreso había aprobado esa tarde que tanto Jorge Enrique González Nicolás, fiscal general, y Pablo Ernesto Rocha Acosta, director de la Policía Estatal Única, tendrían asignados seis escoltas durante cuatro años después de que dejen sus cargos actuales. (Vía: Proceso)

En una sesión extraordinaria, los legisladores tenían planeado aprobar ocho elementos para César Duarte, sin embargo, el funcionario declinó la iniciativa que presentó el priísta Fernando Rodríguez Giner para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

A poco de haber iniciado la sesión extraordinaria, que presidía la diputada la priísta Laura Domínguez Esquivel, fue interrumpida por el grupo ciudadano conformado por varias organizaciones que ingresaron al recinto donde se llevaba a cabo la sesión y tomaron la tribuna. (Vía: Proceso)

Entre las organizaciones que conformaron la manifestación se encontraban: el Movimiento Estatal de Mujeres, El Barzón, Centro de la Mujer Trabajadora y Alianza Sierra Madre.

Los manifestantes forcejearon con la seguridad privada del Congreso al que lograron burlar y a través de un megáfono el grupo conocido como Alianza Ciudadana advirtió que Duarte pretendía que los diputados aprobaran el Consejo de la Judicatura, seis años después de que fuera pedida y a 10 días de que acabara su gobierno, para protegerse una vez que deje su cargo. (Vía: Proceso)

Asimismo, los manifestantes cuestionaron la pretensión de que se otorgaran escoltas para los otros funcionarios cuando ellos mismos no han atendido la violencia en la Sierra Tarahumara.