Las consecuencias de un pacto entre partidos por la seguridad
Los partidos políticos han acordado establecer un pacto por la seguridad convocado por el presidente Enrique Peña Nieto. Ya nos sabemos la historia. Ya vimos esta película en el caso del Pacto por México. Se trata de un sustituto mal conformado del pacto social violentado por la alianza entre el crimen y el Estado. Se trata de acordar las acciones a seguir fuera del parlamento, fuera de las estructuras mínimas de gobernabilidad.
No nos dejemos engañar: un pacto entre partidos no es una buena noticia. Es un síntoma que revela que las instituciones del Estado se encuentran tan agotadas y superadas por las circunstancias del país, que resulta necesario acordar las decisiones del gobierno fuera del gobierno.
Lejos de fortalecer y otorgar transparencia a las instituciones de seguridad, un pacto partidista sólo transportará las decisiones ejecutivas y jurídicas de las mesas de las procuradurías, ministerios y secretarías a las de los dirigentes de los partidos políticos.
Las ofrendas por la paz
Los primeros resultados de este pacto ya se dejan sentir. En el Estado de Morelos, los partidos han ofrecido las cabezas de varios legisladores como sacrificio para la ciudadanía.
7 de los 30 diputados locales que integran la legislatura de Morelos han sido puestos bajo sospecha por guardar relación con el crimen organizado, concretamente con el grupo de Los Rojos, rival de los Guerreros Unidos. Los informes son resultado de un mes de investigación intensiva puesta en marcha a raíz del caso Ayotzinapa.
Entre los funcionarios figura el petista Alfonso Miranda Gallegos, tío de Santiago Mazari Miranda “El Carrete”, líder de la banda de Los Rojos. El diputado es acusado de extorsión, corrupción, entre otros. Se le relaciona con 23 personas, entre las que se cuentan policías, detenidas e investigadas por secuestro y extorsión. El legislador ha sido acusado directamente por el actual alcalde de Amacuzac, Noé Reynoso, de haber secuestrado a su padre y de la muerte del director de Seguridad Pública, Justo Buenaventura.
También se ha señalado al panista Javier Bolaños Aguilar, a quien se acusa de corrupción y de mantener negocios con grupos criminales. Bolaños no ha podido comprobar cerca de 200 millones de pesos, según documentos de la Procuraduría.
Por su parte, Matías Nazario Morales del PRI es acusado de comprar voluntades. Morales se ha vendido como alto funcionario del Cisen con supuestas relaciones influyentes con el SNTE. Se cree que participó en el desvío de 10 millones de pesos durante la campaña de Amado Orihuela Trejo al gobierno de Morelos.
Otros legisladores acusados son el priista Manuel Martínez Garrigós, exdirigente de su partido y exalcalde de Cuernavaca, acusado de administración fraudulenta; Juan Carlos Rivera Hernández, también del PRI, expresidente de Xochitepec, acusado de desvío; Ángel García Yáñez del PVEM es acusado de extorsión y mal uso de su puesto en la Comisión de Hacienda en el parlamento de Morelos; y Rosalina Mazari Espín, por vínculos con “El Carrete”.
De esta manera se compensa la balanza antes cargada hacia el PRD por el caso Ayotzinapa. Esto, sin embargo, no mejora en lo absoluto la imagen de los amarillos. Antes bien, revela que el resto de los colores son tan corruptos como ellos.
El día de hoy, el comisionado estatal de Seguridad de Morelos, Alberto Capella, comparecerá ante el Congreso local por las declaraciones hechas ante medios, en las que indicaba que la legislatura estaba infiltrada por el crimen organizado.
¿Qué más se oculta?
Si bien, los señalamientos del comisionado representan un avance en materia de seguridad y combate a la corrupción, no deja de ser preocupante el modo en que han decidido proceder los partidos al participar en el supuesto pacto por la seguridad.
En efecto, cuando son éstos los que ofrecen los sacrificios necesarios para mantener su imagen ante la sociedad, es imposible dejar de pensar que lo que ofrecen es el mínimo negociable y no el máximo necesario para garantizar la limpieza de las instituciones.
El único pacto que México necesita es el social, que garantice la eficiencia del Estado. Cuando los partidos pactan, surge la pregunta ¿dónde ha quedado la oposición?, ¿dónde el balance de fuerzas políticas? La ausencia de tal oposición real, vigilante de las acciones del gobierno, es, sin duda, uno de los principales factores que han permitido que el crimen organizado y el gobierno se vuelvan uno mismo.