Ley General Contra la Tortura debe ser efectiva: ONGs

Amnistía Internacional México, Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC),  así como expertos como Miguel Sarre, lanzaron un comunicado en el cual consideran como responsabilidad primordial del Estado que la futura Ley General contra la Tortura no sólo sea superficial y sirva para dejar de lado la práctica que fomenta la creación de chivos expiatorios, ausencia de investigaciones serias y daños a los afectados y sus familias.

En esta nueva ley deben establecerse garantías frente a la tortura y malos tratos “y debe asumirse como una política que comprometa la acción integral del Estado. En esa medida, no debe depender de las contingencias políticas inmediatas y debe tener objetivos claros y verificables a corto, mediano y largo plazo”.

Mencionaron que en el ejercicio de la democracia, se “exige desarrollar mecanismos de participación efectivos donde se argumenten y discutan propuestas de Ley General contra la Tortura sin matices políticos para el debate”.

“Es fundamental asegurar que nadie quede impune por cometer estos abusos en México. De lo contrario, es difícil dar credibilidad a las muestras de voluntad de las autoridades, pues la efectividad del gobierno para abordar la problemática está en su capacidad de mostrar resultados. Con la elaboración de esta ley, México tiene la oportunidad de dar un paso importante en los esfuerzos por garantizar que las víctimas y sobrevivientes de tortura, puedan obtener justicia, verdad y reparación. Pero, además, la creación de un marco jurídico enfrenta el reto de generar una política pública integral que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas, así como de crear un adecuado sistema nacional para monitorear las condiciones de detención en todo el país”, recalcaron”

También hicieron hincapié en que la Procuraduría General de la República recibió 4,055 denuncias por el delito de tortura entre los años 2006 y 2014, de las cuales los fiscales solamente han decidido abrir investigaciones en mil 884 casos, de los cuales tan solo 11 han llegado a la consignación.

Esperamos que esta nueva ley realmente sea efectiva y aplicada y no solo quede en letra muerta como otras tantas existentes en el país.

Por: Redacción PA.