Ley Atenco: el Estado de México legaliza la represión con armas

El Congreso del Estado de México aprobó cambios a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública (ley Atenco), promovidos por el gobernador Eruviel Ávila.

El Congreso del Estado de México aprobó varios cambios a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, promovidos por el gobernador Eruviel Ávila. Los detractores de esta iniciativa la han llamado “Ley Atenco“, en memoria de los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006. En aquella ocasión hubo enfrentamientos entre fuerzas públicas de seguridad y miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El resultado fue la muerte de dos personas, la violación de 26 mujeres por parte de miembros de la policía y la detención de más de 200 personas.

Con los cambios aprobados a la ley que administra el uso de la fuerza pública, ahora será posible que agentes del estado empleen, de manera legítima, armas letales cuando su juicio así se los indique:

Artículo 8. Cuando sea excepcional, estrictamente necesario e inevitable, para proteger la vida de las personas y la del elemento, estos podrán hacer uso de armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga que, en su huida, pongan en riesgo real, inminente y actual la vida de una persona y en el caso de resultar insuficientes, las medidas menos extremas para salvar una vida (vía Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública).

El problema de este tipo de leyes es que quien determina el uso legítimo de la fuerza es la misma institución que la ejerce. ¿Cómo puede autorregularse una organización armada, aunque sea legal? ¿Quién puede determinar la gravedad de una situación? En el capítulo III, se autoriza el uso de la fuerza en los términos expuestos cuando una asamblea o una manifestación se torne insoportable a juicio de los elementos de seguridad pública:

Artículo 15. Cuando en una asamblea o reunión, las personas se encuentren armadas o la petición o protesta ante la autoridad se exprese con amenazas para intimidar u obligar a resolver en un sentido determinado, se considerará que dicha asamblea o reunión es ilegal y se procederá de conformidad con lo dispuesto en esta Ley (vía Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública).

¿Qué tipo de acciones serán consideradas amenazas o intimidaciones? Por ejemplo, en protestas o manifestaciones de la gente del campo, muchas personas portan machetes, pues son un símbolo de su trabajo en la tierra como campesinos y agricultores. No se trata de una amenaza contra nadie, sino de un estandarte de resistencia y lucha. ¿Eso podría considerarse una amenaza?

Entre los instrumentos que los elementos de seguridad del Estado de México podrán emplear para reprimir están: esposas rígidas, semirrígidas, de eslabones, candados de pulgares y cinturones plásticos; el bastón PR-24, tolete o su equivalente; dispositivos que generan descargas eléctricas; inmovilizadores o candados de mano; sustancias irritantes en aerosol; y equipo autoprotector, consistente en escudos, cascos, chalecos y medios de transporte a prueba de balas.

El artículo 52 señala que el juicio de los agentes que actúen fuera de esta ley, la investigación de los hechos quedará a cargo de la institución de seguridad a la cual pertenezcan, antes de que el caso llegue al Ministerio Público o a otras instancias.

Es imposible que el uso de toda esta fuerza pública quede a consideración de un grupo de policías autorizados para actuar como mejor les parezca. Tras el anuncio de la aprobación de esta ley, el presidente estatal del partido Morena, Horacio Duarte, se comprometió a buscar vías para declarar inconstitucional esta ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Cuando hay una manifestación y el encargado de seguridad pública puede declararla legal o ilegal de manera discrecional, viola el principio de legalidad, de presunción de inocencia porque no hay un juicio previo con garantía de audiencia, pruebas, conclusiones y sentencia. No puede ser que a través de un órgano administrativo como el elemento de seguridad se declare la ilegalidad de la manifestación, consideró Duarte (vía Proceso).

Asimismo, Horacio Duarte expresó su desacuerdo con el artículo 17 de esta Ley:

Siempre que los elementos tengan conocimiento que un grupo de personas ejercerán su derecho de asociación y reunión en lugares públicos harán una planeación para proteger el ejercicio de dicho derecho, el de terceros y en su caso reaccionar en caso que la reunión se torne ilegal (vía Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública).

Es decir, que los elementos de fuerzas de seguridad pública podrán hacer estrategias y planes (Duarte menciona espionaje e infiltraciones) para determinar la legalidad de la reunión. ¿En dónde queda entonces la libre asociación?

La ley avalada por el Congreso del Estado de México parece un abierto instrumento de represión, un conducto por el cual violaciones a derechos humanos se hallen protegidas por leyes.

¿Cómo responderá la ciudadanía a estos cambios? ¿Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos?