Como cualquier ciudadano, un empresario tiene todo el derecho de participar en el sistema político, esto quiere decir que como todos, puede militar en algún partido político, postular y, de ganar, ocupar un cargo de elección popular o bien ser legislador por representación proporcional. Sin embargo, como todo funcionario, se esperaría que los empresarios sean responsable y cuidadosos en no incurrir en delitos relacionados a corrupción tales como conflicto de interés, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito o nepotismo, esto sobre todo debido a que se infiere, de entrada, que la política podría ser un medio para maximizar su beneficio particular, descartando una motivación genuina por participar en los asuntos públicos.
Por supuesto, este planteamiento inicial representa la conducta ideal esperada de este personaje, es un escenario hipotético del deber ser. Pero estos ideales normativos son rebasados por la complejidad de la realidad del mundo, sobre todo en un país como México en donde la corrupción se encuentra altamente estructurada en la sociedad, esto quiere decir que en un sistema como el nuestro, existe una alta probabilidad o un alto riesgo de que un empresario incurra en algún tipo de acto de corrupción relacionado a la obtención de beneficios particulares a través de la participación dentro del sistema político.
Con esto no queremos decir que este sector sea el más propenso a caer en actos de corrupción, sería simplista pensar de esa manera, ya que la corrupción es un problema latente y recurrente en la sociedad mexicana, eso quiere decir que es altamente probable que se incurra en un acto de esta naturaleza independientemente del rol que se desempeñe en lo social. Tomando en cuenta todas estas posibilidades, pero dejándolas en suspenso podemos concentrar la observación en el caso de los empresarios que favorecen sus intereses particulares operando desde la política.
Decimos esto porque resulta que alrededor de 23 empresas en donde diputados y senadores son propietarios o accionistas se han beneficiado con contratos del gobierno federal que suman poco más de mil millones de pesos. Esto por supuesto implica conflictos de interés por el simple hecho de que participen en licitaciones o se les otorguen contratos a empresas en las que distintos legisladores son dueños o accionistas.
Pero el colmo del cinismo y la corrupción sucede cuando estos legisladores presiden comisiones que son las que contratan los servicios externos de distintas empresas. Es decir, los presidentes de comisión se autocontratan para proveerse de un servicio, lo que significa que el dinero público otorgado para tal o cual bien o servicio termina en el margen de utilidades de la empresa del legislador que lo solicitó, un verdadero negocio redondo.
Estos actos de corrupción no son problema de un partido en particular ya que estas prácticas son realizadas por legisladores de todos los partidos. Por ejemplo, tenemos a Roberto Gil Zuarth y a Héctor David Flores del PAN; a César Camacho, Ricardo Urzúa y a Teófilo Torres Corzo del PRI; a Zoé Robledo del PT; a Carlos Lomelí de Morena, por supuesto entre otros.
Las empresas de estos legisladores han recibido contratos en distintos sectores que van desde el sector energético, el de construcción y el farmacéutico, hasta el de servicios relacionados a consultorías y asesorías en distintos rubros. De hecho vemos por ejemplo que el diputado de Morena, Carlos Lomelí preside la Comisión de Economía y su empresa farmacéutica Lomedic es proveedora de instituciones como el IMSS y el ISSSTE; o César Camacho quien es coordinador del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro es propietario de la empresa Estrategia Integral Consultores S.A. de C.V. tiene contratos con el Fonart; el senador Zoé Robledo preside la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la cámara alta y es socio de la empresa Digital Media Monitoring S.A. de C.V. la cual tiene contratos con la Secretaría de Economía del gobierno federal.
A todas luces todos estos casos representan conflicto de interés y tráfico de influencias, parecería que están insertas en una red de corrupción, pero dicha red parece ser moneda corriente en el sistema político, es decir, que opera con toda naturalidad y normalidad. Hasta el momento todo esto ocurre mientras no hay presupuesto para el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual no solo nació sin dientes, sino que no ha podido implementarse por los recortes presupuestales, pero, al parecer van a retrasar lo más posible su conformación para que el negocio prevalezca. (Vía: El Universal)