La tortura en México no es un hecho aislado

A finales del mes pasado, un general del Ejército mexicano fue condenado a 52 años de prisión por tortura e incineración de un presunto criminal.

A finales del mes pasado, un general del Ejército mexicano fue condenado a 52 años de prisión por tortura e incineración de un presunto criminal. El militar, que desempeñaba funciones en Chihuahua, ordenó en 2008 la detención y electrocución de un sujeto, para obligarlo a confesar. La mortificación corporal a la que fue sometida la víctima provocó su muerte, a pesar de los intentos por resucitarlo realizados por los mismos verdugos. Tras el asesinato, el cuerpo fue incinerado de manera clandestina. Ocho años después de ocurridos los hechos, por fin llegó la justicia.

El general, que según varios medios locales se llama Manuel Moreno Avina, fue hallado “penalmente responsable de los delitos de tortura, homicidio calificado y violación a las leyes de inhumación, en la modalidad de destrucción de cadáver” (vía Expansión CNN).

Además de la obligación de hacer cumplir la condena contra el culpable, la Secretaría de Defensa Nacional tendrá que ofrecer disculpas públicas por el caso, dar la versión verdadera de lo que ocurrió y restituir la fama de la víctima en medios de comunicación. Por otro lado, deberá compensarse a la familia del asesinado con una cantidad superior a 14 mil 500 dólares.

La situación de violencia generalizada en nuestro país, a manos de cuerpos de seguridad pública, alcanzó límites inusitados. Hace unos días el Ejército y la Policía Federal ofrecieron disculpas públicas por casos similares, donde participaron miembros de sus organizaciones, registrados en video y difundidos en redes sociales e internet. A esto se suman los fuertes indicios de tortura contra los presuntos culpables de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, registrados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

¿Cuántas “coincidencias” se dejarán pasar antes de admitir que estos casos no son aislados? ¿Cómo resolver un conflicto estructural de corrupción y violación de derechos humanos?