México

La SFP da a conocer los resultados sobre la investigación por conflictos de interés.

La SFP exonera al presidente Enrique Peña, a la primera dama y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, dio parte sobre los resultados obtenidos en la investigación por el caso de conflicto de interés en las compras de la casas en Ixtapan de la Sal, por parte del presidente Enrique Peña Nieto, la “casa blanca” en Lomas de Chapultepec realizada por la primera dama, Angélica Rivera, y la casa de Malinalco, adquirida por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.

En la conferencia de prensa, Virgilio Andrade manifestó que “ni el presidente ni su esposa adquirieron bien alguno después de la toma de protesta”, ocurrida en 2012 y en el caso del titular de la SHCP, indicó que Videgaray Caso realizó la compra con sus propios recursos y que “no adquirió el inmueble siendo servidor público”.

En el caso de la primera dama, señalo qué “ el patrimonio de Angélica Rivera proviene de su trabajo como actriz”.

El funcionario indico que con base en la Ley de Responsabilidad de los servidores públicos, la SFP investigó los comportamientos de los funcionarios públicos que pudieron haber incurrido en conflicto de interés en el otorgamiento de contratos de obra pública a empresas vinculadas con grupos empresariales que vendieron estas propiedades al secretario y a la primera dama en el pasado.

Las inmobiliarias que celebraron estos contratos estaban a nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Inmobiliario Higa, quien posee cuatro empresas que tienen contratos con el Gobierno Federal. También se investigó a Ricardo Arturo San Román, quien le vendió una propiedad al presidente Enrique Peña Nieto, y quien es dueño de Constructora Urbanizadora Ixtapan S.A. de C.V. y Club de Golf Ixtapan S.A. de C.V. con 11 contratos en total con la administración federal.

Llama la atención que de 800 mil constructoras existentes en el país, sean las constructoras mencionadas las que tiene un repunte en su competitividad y sean también las que casualmente las que se encargaron de las transacciones de venta en las casas de los personajes mencionados.

Recordemos que la Secretaría de la Función Pública es un organismo del Estado mexicano, con lo cual nos preguntamos si la designación de Virgilio Andrade para la investigación de este caso no significa también un conflicto de intereses.

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