La SCJN falló a favor de las familias de los migrantes de San Fernando

El fallo de la SCJN obliga a reconocer como víctimas directas a Bertilda Parada de Osorio y Alma Yessenia Realegeño.
SCJN

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido como víctimas a la madre y una hermana de dos salvadoreños cuyos cadáveres fueron encontrados en 2011 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, y determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe darles acceso a los expedientes, peritajes y averiguaciones previas, además de entregarles las copias certificadas o simples que requieran.

Esta decisión es muy importante, ya que reconoce el derecho de las afectadas a la reparación del daño y abre las puertas para que familiares de migrantes extranjeros o de mexicanos sean reconocidos como víctimas en casos similares, y que tengan todos los derechos y prerrogativas que ese hecho implica. El fallo de la SCJN obliga a reconocer como víctimas directas a Bertila Parada de Osorio y Alma Yessenia Realegeño, originarias de El Salvador, quienes ahora podrán tener acceso a la información y expedientes referentes a sus familiares y al caso, además podrán acceder a mecanismos de reparación de daño.

“Este amparo servirá para saber la verdad, para que se haga justicia. Que haya reparación para todos”, expresó Bertilda Parada.

El hijo de Bertila, Carlos Alberto, salió de San Salvador el 17 de marzo de 2011 con rumbo a Estados Unidos. El último contacto que tuvo con sus familiares fue el 26 del mismo mes cuando les dijo que se encontraba en Monterrey. La familia denunció el caso ante la Cancillería de El Salvador que, junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense y demás integrantes del Banco de Información Forense de El Salvador, tomaron muestras de ADN que luego fueron entregadas a México.

Para diciembre de 2012, Bertila recibió un llamado por parte de la Fiscalía General de la República de El Salvador, le dijeron que habían sido identificados los restos de su hijo entre los localizados en las fosas clandestinas de San Fernando. Por esa razón pidió los documentos que acreditaran la identificación, sin embargo, no volvió a tener noticias.

Asimismo, Sergio Méndez, abogado del caso, explicó que si bien el veredicto de la SCJN fue unánime, habrá una ampliación y modificaciones a favor de la señora Bertila; sin embargo, los ministros no informaron, hoy en la sesión pública, cuáles serían.

“Es un fallo favorable y se va a ampliar para el efecto del amparo”, detalló Méndez, quien es miembro de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático y de Derecho.

Por otro lado, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación, aseguró que este fallo deja un precedente, pues el amparo reafirma que Bertila es víctima en cualquier jurisdicción, tanto en la de Tamaulipas como en la Procuraduría General de la República (PGR).

Recordemos en abril de 2011, en el  municipio de San Fernando, descubrieron varias fosas comunes en las que reposaban 193 cuerpos. Los cadáveres –tanto de mexicanos como de migrantes centro y sudamericanos– pertenecían en su mayoría a hombres y mujeres secuestrados mientras viajaban en autobuses rumbo a los Estados Unidos. La versión oficial fue que los culpables habían sido los “Los Zetas”. Tiempo después las autoridades mexicanas anunciaron la detención de 17 de los 25 policías municipales de San Fernando, acusados de “proteger” a este cártel.

La semana pasada, la Fundación para la Justicia informó que en el proyecto de dictamen se olvidó que las víctimas son migrantes y que los familiares están lejos, no se analizó el contexto de las masacres (secuestros, narcotráfico, violencia, entre otros), no clasificó los hechos como graves violaciones a los derechos humanos, o buscó dar a conocer la verdad sobre el intento de cremación de los cuerpos y la dificultad de una víctima migrante para probar actos donde la información la tiene exclusivamente el Estado.

Dicho dictamen también omitió las fallas de servicios periciales, y no establece parámetros para que casos similares puedan ser investigados bajo estándares internacionalmente reconocidos, como el protocolo de Minnesota. Sin embargo, en las próximas semanas se sabrá las modificaciones del amparo. En tanto la defensa espera que sean en favor de todas las víctimas de San Fernando.