El día de hoy la corresponsal en Nuevo León del periódico Excélsior, Araceli Garza, publica una nota titulada “El infierno de unos, el paraíso de otros; los excesos en Topo Chico”.
En la nota, la periodista realiza una descripción de los lujos y privilegios que gozaban ciertos presos en el centro penitenciario antes del pasado miércoles 10 del presente, cuando una riña en el interior del Penal terminó en 49 muertos y 12 lesionados. La veracidad de la descripción es además sostenida por imágenes fotográficas “de las celdas de algunos reclusos” proporcionadas por el Gobierno de Nuevo León.
Según la periodista de Excélsior, en las celdas había de todo: “baños sauna, minisplit, frigobar, parrillas eléctricas, un acuario, caminadoras para ejercitarse, colchones de alta calidad y habitaciones con acabados”. De igual forma, en el centro penitenciario se encontraron puestos de venta de abarrotes y alimentos, un bar y altares a la “Santa muerte”, todos ellos controlados por el crimen organizado y la mirada consentidora de la propia directora, Georgina Salazar.
Como sabemos, las autoridades estatales han insistido que la masacre fue consecuencia de la lucha de poder y predominio entablada por facciones rivales de los “Zetas” al interior del penal. Los lideres de ambos bandos de narcotraficantes, Jorge Iván Hernández Cantú (“El Credo”) y Juan Pedro Saldívar Farías (“El Z-42”) gozaban, según la corresponsal de Excélsior, de comodidades y lujos impropios de un reo.
Urgen al gobierno de México a investigar los disturbios en el penal de Topo Chico https://t.co/Qi6vJlQs6f pic.twitter.com/opVlG7vhWy
— Naciones Unidas (@ONU_es) February 15, 2016
No obstante también el día de hoy, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas da a conocer un comunicado de prensa que contradice la aparente ignorancia de las autoridades penitenciarias y del gobierno local de lo que ocurría en Topo Chico, develada por la nota aparecida en el Excélsior.
En dicho comunicado, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, exhorta al gobierno mexicano a realizar una “investigación imparcial y exhaustiva que establezca responsabilidades legales” tanto a reclusos como a autoridades penitenciarias, al tiempo de garantizar a los familiares de las victimas el derecho de saber la verdad y a la garantía “de no repetición” que se traduzca en una mejora sustancial en las condiciones de detención del Penal de Topo Chico.
Lo revelador del comunicado de la Oficina de las Naciones Unidas radica en que se señala, que precisamente el Relator Méndez ya había realizado una inspección en ese penal hace poco menos de dos años y en donde se hacía referencia puntual a la situación inusual de la penitenciaria.
En el informe, -fechado en abril de 2014- el Relator apunta que “allí pude constatar que la flexibilidad excesiva en el régimen a la que está sujeta la población detenida conducía al autogobierno y a situaciones de violencia en el penal” (mala infraestructura, condiciones sanitarias y alimentarias deplorables, tratos inhumanos y degradantes). Esta información –continúa el comunicado- la compartió Méndez con las “autoridades de penal el mismo 27 de abril de 2014”.
Como se puede observar, con la información dada a conocer por la Oficina de las Naciones Unidas, se echa por tierra el intento del gobierno local por construir una narrativa oficial que explicara los acontecimientos sangrientos por razones ajenas a su responsabilidad.
La autoridades dan a conocer hoy “imágenes” de la corrupción (privilegios y lujos) que imperaba en el penal, pero no hace referencia al conocimiento que de tiempo atrás se tenia de las anomalías. Según el gobierno de Nuevo León, los grupos delictivos en su misma lógica de confrontación y control al interior del Penal, fueron los detonadores de la matanza.
Sin embargo, olvidan señalar que tuvieron casi dos años para neutralizarlo por las vías legales e institucionales.
