Por qué la liberalización no es la solución

Cuando ciertos economistas (profesionales o amateurs, oficiales o que intentan serlo) argumentan que ciertas medidas, como la liberalización de precios, “en primer momento son aterradoras, pero tendrán resultados a largo plazo”, no sólo minimizan el peso que esas medidas tendrán (por muy poco que sean ejercidas) sobre la gente, olvidan que esa gente, justamente, es gente y no números, estadísticas, porcentajes inflacionarios o precios sujetos a la mano casi santa del “mercado”.

En últimas semanas, dos noticias corren a la par: el incremento de más de 20% en los precios de la gasolina (y su impacto en la inflación) y la “liberalización” de esos mismos precios (es decir, que ya no sea el Estado el que determine el precio, sino “el mercado”). Más que ser independientes, las dos están relacionadas: para poder pasar a un esquema de precios liberados es necesario, dicen, que los máximos se incrementen para “dar espacio” a la competencia, ya luego se resolverá y esos mismos precios bajarán eventualmente. (Vía: El Financiero)

La “Reforma energética”, aprobada durante el gobierno de Peña Nieto, fue promocionada fuertemente en medios, no sólo con mensajes del presidente, también con entrevistas, “artículos de opinión”, análisis y comparaciones con diferentes países que, entonces, eran vistos como ejemplares respecto a la relación entre su paraestatal petrolera y el gobierno (como Brasil, Finlandia y otros países europeos). La intención central de esta campaña fue, en esencia, terminar de destruir la imagen que se tenía de Petróleos Mexicanos (Pemex): de ser la “joya de la corona” durante el cardenismo y el “milagro mexicano”, a un lastre para la economía nacional, una muleta que dependía del trabajo sindicalizado (lleno, éste, de privilegios y corrupción rampante), que compra gasolina y vende por centavos un petróleo que “nunca dejará de ser nuestro”.

La reforma, por otro lado, sería la solución a todos los problemas: Pemex competiría, el sindicato se daría cuenta de sus privilegios y tendría, por tanto, que ser regulado y transparentado, y, con una industria petrolera sana, México podría dedicarse, como economía completa, a diversificar sus intereses y producción sin el lastre de una empresa como el Pemex actual. El problema, el grave problema, fue interpretar los problemas de Pemex como la enfermedad misma y no como síntoma de algo sistémico, como un ejemplo más dentro de una larga lista de empresas paraestatales que, abusadas tanto por la clase política como por el sector empresarial, han perdido la “lucha” contra la “mano invisible” del mercado. (Vía: Sin Embargo)

El caso de Brasil, siguiendo la comparación que el mismo gobierno proponía hace dos años, resulta ejemplar para entender la situación actual: la deposición de Dilma Rousseff y el juicio de decenas de funcionarios tanto de su gobierno como de la oposición ha sido por malversación de fondos de Petrobras, por aceptar sobornos para facilitar permisos para la empresa, por, en general, seguir una política de saqueo con la que estamos familiarizados en México.

La reforma de Peña Nieto no apuntó hacia ninguno de esos problemas que, ya desde 2012 eran visibles en Brasil, y que lo han sido en México desde siempre (desde, nada menos que el líder sindical de Pemex, el a veces diputado, a veces senador, a veces funcionario público, Carlos Romero Deschamps). La argumentación de los impulsores, de que la competencia resolvería los problemas de corrupción no sólo es una fe ciega en el sector empresarial, sino ceguera (que hayan decidido no ver, o que de verdad no vean, no lo sabremos) frente los casos penales en los que gigantes petroleras como Shell, British Petroleum, Exxon Mobile o, de nuevo, Petrobras.

Mientras que la macroeconomía se “compone”, se balancea y se nivela, gracias a esa deidad invisible del mercado, las economías familiares serán impactadas fuertemente, aún cuando supuestamente el impacto económico más fuerte “sólo sea” (si es que esto se cumple) por tres meses: cuando más de la mitad de la población dedica cerca del 30% de sus ingresos en transporte y 60% en alimentos (vía: Oxfam), mientras el Instituto de Geografía y Estadística altera sus marcos de medición para asegurar la existencia de una clase media (ahora endeudada por mantener, muchos, marcas de ese mismo estatus) derruida, ¿de verdad hay quien pueda argumentar que la liberalización del precio de las gasolinas es una solución viable?