La Ley contra Tortura cada vez más lejos

El Senado no contempló la elaboración de una Ley contra la Tortura dentro en su agenda de las sesiones del 13 al 17 de junio.

A pesar de que durante los últimos nueve meses diversas organizaciones civiles y grupos académicos han aportado material para la redacción de una Ley contra la Tortura en México, el Senado no contempló el tema en su agenda de las sesiones del 13 al 17 de junio. Desafortunadamente, el plazo constiucional para su aprobación venció en enero de este año.

Los temas contemplados por el Senado tienen que ver, más bien, con prácticas que podrían fomentar la tortura:

Entre otros se propone legalizar que las fuerzas de seguridad no pongan a las personas detenidas a disposición de la autoridad ministerial de la localidad de la detención, sino que puedan llevar a la persona a otro lugar distinto.  Esto significa la retención inconstitucional y prolongada durante la cual ocurren actos de tortura (vía Centro Prodh).

Estas mismas reformas, incluidas en el paquete “Miscelánea Penal”, proponen “suspender el plazo máximo de la prisión preventiva cuando la persona imputada denuncia tortura”. La aplicación de esta ley implicaría que una persona, acusada con base en pruebas obtenidas por tortura, podría permanecer largo tiempo en prisión. La suspensión de su proceso penal podría provocar que las víctimas de tortura abandonen sus denuncias por ese delito.

El problema de tortura en nuestro país ha mostrado sus largos alcances en los últimos meses. Por un lado, tenemos los resultados de las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa, en el que varios de los presuntos culpables dieron testimonio bajo tortura. Por otro, en tiempos recientes hemos visto videos donde miembros de distintos cuerpos de seguridad torturan personas. Estos antecedentes, junto con los que hay en otros casos como el de Tlatlaya, muestran la urgencia de una ley de protección contra prácticas generalizadas.

Por lo anterior, las organizaciones y la academia hacen un enérgico llamado al Senado a no aprobar las propuestas realizadas a la minuta de la Miscelánea Penal, y al Congreso en su conjunto para que demuestre un claro compromiso con la erradicación de la tortura como prioridad legislativa (vía Centro Prodh).