La evasión fiscal de los Partidos Políticos
Como todos sabemos, los partidos políticos mexicanos reciben cada año cifras millonarias del erario público para poder operar, de hecho, si es año electoral aumentan sus presupuestos, pero por si fuera...
Como todos sabemos, los partidos políticos mexicanos reciben cada año cifras millonarias del erario público para poder operar, de hecho, si es año electoral aumentan sus presupuestos, pero por si fuera poco, tampoco gastan un solo centavo en la difusión de su propaganda política tanto partidista, como electoral, ya que hacen uso de tiempos oficiales, todo esto cobijado por una ley a modo aprobada por ellos mismos. Es decir, los partidos en México, sean chicos, medianos o grandes operan como verdaderos negocios redondos, de ahí que se valgan de cualquier artimaña para conservar el registro, ahí está el Partido Verde Ecologista de México y sus innumerables corruptelas como el ejemplo paradigmático de un partido rémora o parasitario.
Pero además de esto, los partidos se dan el lujo de violar constantemente la ley sin recibir más que multas, no hay riesgo alguno de perder el registro, por tanto, muy probablemente estén presupuestadas esas sanciones dentro de los cálculos de cada uno de los operadores políticos de las distintas campañas. Para estas organizaciones tampoco existe la austeridad, ya que como verdaderos avestruces, han escondido la cabeza para evitar que los recortes presupuestarios los toquen, no han tocado el tema y de hecho exigen cada vez más dinero, pero eso sí, durante sus campañas prácticamente todos pregonan con el discurso de la austeridad y la responsabilidad financiera, demagogia pura sin duda.
Pero estas rémoras del dinero público tampoco pagan impuestos, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a cada uno de los partidos sus informes respecto a los saldos pendientes que tienen con el SAT de periodos de 2015 hacia atrás, se calcula que entre todos los partidos hay un adeudo de 625,9 millones de pesos. Desglosando el adeudo, los partidos deben aproximadamente 484 millones de pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR), 52 millones por predial y 51 millones por Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Los partidos políticos no han cubierto esa deuda con las autoridades fiscales a pesar de que el INE puso como plazo el 31 de diciembre de 2016, el problema es que la institución electoral no tiene las facultades para obligar a los partidos a pagar esos adeudos a la federación, ni tampoco de sancionarlos por esos problemas. Según el Consejo General del INE, los partidos políticos también tienen adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 27 millones de pesos, debido a que no han entregado las contribuciones retenidas a sus trabajadores; asimismo deben al Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) unos 12 millones de pesos, ya que tampoco han entregado las contribuciones correspondientes retenidas a sus trabajadores.
Prácticamente todos los partidos políticos a nivel nacional tienen estos adeudos con el SAT y el IMSS, de la deuda total de 625,9 millones de pesos, al PRD le pertenece el 53%, es decir casi 333 millones de pesos. De ahí le siguen el PRI con 73 millones; el PVEM con 52 millones; el PT con 45,9 millones; Movimiento Ciudadano con 44,7 millones de pesos; el PAN con 37 millones; Nueva Alianza y Encuentro Social con 9,5 millones; y finalmente Morena con 6.6 millones de pesos; los partidos locales adeudan entre todos aproximadamente 4,7 millones de pesos entre un total de 21 partidos. Pero, además, los partidos extintos también deben impuestos, el Partido Humanista adeuda casi 10 millones de pesos en contribuciones.
Como podemos ver, todo el sistema de partidos reproduce en mayor o menor medida esquemas de evasión fiscal y de incumplimiento de pago con el IMSS, lo que significa que están reteniendo recursos de sus trabajadores que no están siendo entregados a las instituciones de vivienda y seguridad social. Mientras no existan sanciones fuertes contra los partidos, estos seguirán operando por encima de las leyes, violando constantemente las leyes electorales y fiscales, sin duda lo que tenemos es un esquema discrecional y poco transparente en el uso de los recursos públicos, lo que nos lleva a sospechar que lo que opera es una red de corrupción al rededor del manejo de esos recursos. (Vía: Excélsior)