Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionaron de forma enérgica al gobierno de México. Tanto por los ataques directos en contra de uno de sus funcionarios, como también por la forma negativa en que ha reaccionado al informe crítico sobre la grave situación que atraviesa el país en materia de derechos humanos.
A su vez, el comisionado Enrique Gil Botero dijo que desconocer que hay situaciones de violación a estos derechos es quebrantar el principio de realidad. Esta actitud, añadió, “es una de las primeras manifestaciones de la esquizofrenia”.
Por su parte, el comisionado Paulo Vannuchi denunció un “fuerte ataque de autoridades públicas de México” a la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, y el “daño irreparable” infligido a su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.
“Es un poco cobarde porque debía ser un ataque a la comisión. Todo el trabajo de Emilio fue en nombre de los comisionados”, añadió.
El comisionado Vannuchi reconoció que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto rechazó la denuncia, pero también destacó que el caso servía para desestimular que instituciones públicas de México y otros países acepten ese tipo de acusaciones.
Así, en la primera audiencia públicas sobre casos en México, dedicada a una revisión general de los derechos humanos en el país, la CIDH le pasó cuentas a la nación por el “fuerte ataque” a su secretario ejecutivo y las críticas lanzadas contra un grupo de expertos del organismo que investigan la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.
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— CIDH – IACHR (@CIDH) April 7, 2016
En un principio, durante el desarrollo de la audiencia, las organizaciones civiles y representantes del gobierno mexicano discutían la situación de las garantías en México, pero las acusaciones contra el órgano de derechos humanos salieron a relucir.
Hace unas semanas, en una denuncia que la Procuraduría General de la República (PGR) aceptó y luego desestimó, un ciudadano acusó al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, de “fraude” en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas.
El mismo secretario ejecutivo ha reclamado que existe una “campaña de desprestigio” en México contra los integrantes del GIEI, que investigan lo ocurrido con los estudiantes.
Y aunque el gobierno mexicano ha elogiado la investigación y las recomendaciones de los expertos, la labor del grupo no ha estado exenta de enfrentamientos y diferencias con las instituciones mexicanas.
