Irregularidades en los atentados de Morelia y olvido para sus víctimas

En el grito del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, las granadas lanzadas en la plaza principal durante los festejos patrios, fueron fabricadas por el Ejército Mexicano y sustraídas por un Cabo de 27 batallón en Igual, Guerrero. Así lo reveló Ignacio Mendoza Jiménez, ex subprocurador de Michoacán, que a 7 años del trágico suceso recordó que:

“En su momento nos informó personal militar que la espoleta, detalle que quizá no siguieron investigando, de la granada que se detonó en la plaza Melchor Ocampo, corresponde a un lote producido en la fábrica de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y que un mes antes fue sustraída ilegalmente por un Cabo del destacamento de Iguala, Guerrero, que desertó”.

Y mencionó que tanto las autoridades locales como las federales llevaron investigaciones paralelas del caso, lo que acarreo una serie de anomalías y hasta obstrucción entre las dependencias. El exsubprocurador afirmó que gracias a esa situación no hay ningún detenido hasta la fecha pues los detenidos señalados como presuntos culpables salieron libres el 125 mayo por falta de pruebas.

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Víctimas en el olvido

Por otra parte, la víctimas del los granadazos ha declarado que se sienten engañadas y en el olvido, ya que se les suprimió el servicio medico, las pensiones vitalicias que les ofrecieron y desde principios del 2015, la beca a algunos de los niños heridos. El gobernador sustituto, Salvador Jara Guerrero, ordenó la cancelación de la nómina especial que fue creada por decreto del exgobernador, Leonel Godoy Rangel, para apoyar a las víctimas del atentado. Jara Guerrero también anuló los apoyos para gastos médicos y de rehabilitación física, en el que estaban integrados al menos 25 familias afectadas.

Rita Alvarado Trejo y su familia sintieron el impacto de una granada muy de cerca, mismo que dejo heridos a sus familiares y les causo graves heridas dejándolos sin posibilidad de poder laborar, y sin seguro social, se vieron obligados a empeñar las escrituras de su casa para solventar los gastos médicos de una operación renal consecuencia de la ingesta de medicamentos que tomó para soportar el dolor de las heridas producidas por los granadazos. Pero aún en los que sí reciben apoyo del gobierno existe un vacío, pues los mil 700 pesos que reciben cada quincena de apoyo, no son suficientes para reparar el daño que les trajo a sus vidas el terrible acontecimiento. Belén Zavala, otra de las afectadas que perdió una pierna en ese 15 de septiembre, mencionó que “Sí me está dando un apoyo, pero qué más, si estoy como presa sin delito, no ha vuelto a ser mi vida como antes, jamás, ni la mitad de lo que era. Muy triste, encerrada, así estoy, como en la cárcel”.

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Por: Redacción PA.