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Más del 30% de indígenas encarcelados acusan tortura durante detención

En México es una pesadilla ser trasladado a la cárcel por el delito que sea, pero ser un indígena y no saber español se convierte en algo más…

En 2012, un tsotsil identificado como “RAL” fue presentado con golpes y signos de tortura ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado de Chiapas. Fue acusado de homicidio. La detención de este individuo fue retomada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de la misma entidad, la cual le dio seguimiento como caso de desaparición forzada e intento de ejecución extrajudicial, según la recomendación CEDH/08/2016-R del órgano.

En julio del 2014, unos 10 hombres armados y vestidos de negro tumbaron la puerta de la casa de la tsotsil identificada como “FHH”. Los sujetos encañonaron a los tres hijos de la mujer, entraron a su recámara, le vendaron los ojos al marido y se lo llevaron. A ella y a uno de sus niños les hicieron lo mismo. Los subieron a un carro y se fueron.

Los hombres armados eran de la Policía Especializada en Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado. A “FHH”, de 27 años en ese entonces, la llevaron a la Fiscalía Especializada en Secuestro, en Tuxtla Gutiérrez. Ahí, durante el interrogatorio, la golpearon. Querían saber si ella era parte de una banda de secuestradores, en la cual estaban involucradas personas que ella conocía.

Eso es lo que relata la recomendación CEDH/07/2016-R, de la misma dependencia de derechos humanos del estado. En ésta, “FHH” denunció que, aunque un juez le otorgó la libertad a su marido y cuñado, nunca salieron de la Fiscalía y ahora se encuentran en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 “El Amate”. Los dos presos le relataron a “FHH” que los agentes de la Policía Especializada les hicieron lo siguiente:

Los policías, cuando estaban vendados de los ojos, los golpearon, les echaron agua en la cara para ahogarlos, los torturaron y les echaron la culpa de un delito que no cometieron“.

Estos dos casos no son situaciones extraordinarias. Son parte de una realidad que la población indígena de México sufre, según el informe “El acceso a la justicia de las personas indígenas privadas de libertad en los estados de Chiapas y Oaxaca”, de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos, o AsiLegal.

El reporte detalla que en México, de las 209 mil 782 personas privadas de su libertad en México, el 3.54%, es decir, 7 mil 433, son indígenas. AsiLegal, a través de 203 entrevistas a indígenas presos, realizó el análisis de la situación que padece este grupo del país, centrándose en Oaxaca y Chiapas, entidades que reúnen al 45% de la población nacional indígena.

En Chiapas, hay 4 mil 192 reclusos, de los cuales 284 –o el 6.7%– son indígenas. La mayoría, 128, son tseltsales. A ese grupo le siguen los choles, con 97, y, con 45 los, tsotsiles. AsiLegal apunta que de toda la población indígena, el 83% fue detenida sin una orden de aprehensión y el 77% ni siquiera entendió los motivos por los cuales fueron detenidos.

Ésto representa una violación al Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dice:

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento“.

Y también choca contra el Artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Éste dice que todo individuo tiene derecho a “que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad”.

En Chiapas, dice el informe, 32.5% fueron torturados durante su aprehensión, como habría ocurrido en los casos de “FHH” y “RAL”.

La mayoría de los indígenas detenidos en Chiapas –64 casos– son por homicidio calificado. A esta cifra le siguen homicidios (55) y violaciones (29). Doce se encuentran recluidos por secuestro.

En Oaxaca, se pinta una realidad más amarga. Ahí, de los 3 mil 811 presos, el 30.8% –mil 174– son de grupos indígenas. Cuatrocientos veintiocho son zapotecos, 180 mixtecos y 169 mazatecos. La organización señala que de todos los indígenas detenidos, la mitad fueron torturados durante su aprehensión. Además, el 83% fue detenido sin una orden judicial para acreditar la acción y el 52% no entendió la razón por la cual se lo llevaron.

Los delitos más comunes por los cuales los indígenas de la entidad están presos son el abiegato (robo de ganado), abuso sexual, allanamiento de morada, narcomenudeo y daños, y de todos los entrevistados en Oaxaca, 50 fueron detenidos por homicidio.

Además de la tortura y detenciones que violentan los procedimientos adecuados, AsiLegal refiere que muchos no cuentan con un intérprete durante su aprehensión y tampoco con la asistencia legal adecuada.

La organización señala que se observó que en los centros de reclusión no hay condiciones para que los indígenas puedan servir su condena con dignidad. Esta carencia se ve en la falta de servicios básicos como el de salud y educación. Incluso, muchos de ellos son enviados a centros penitenciarios alejados de su comunidad, dejándolos abandonados y expuestos.

“México, sin duda, cuenta con un vasto ordenamiento jurídico en materia de derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas, sin embargo, (…) esos derechos están muy lejos de ser una realidad”, sentencia AsiLegal.