Gobernadores priistas se blindan ante acusaciones de corrupción

Los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua han comenzado a protegerse frente las acusaciones de corrupción que podrían recibir al concluir su mandato.
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Los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua han comenzado a protegerse frente las acusaciones de corrupción que podrían recibir al concluir su mandato. Durante los últimos meses de su gobierno, los mandatarios han realizado cambios y reajustes en distintas instituciones y estructuras administrativas fundamentales en materia de justicia, particularmente en áreas encargadas del combate a la corrupción.

En lo que se ha señalado como un “paquete de impunidad“, personas afines a sus gobiernos han sido colocadas de la noche a la mañana como piezas claves para el proceso de fiscalización.

A través de los Congreso Estatales han modificado leyes, creado instituciones y remplazado a los funcionarios que pudieran ocasionarles algún conflicto. Ante la posible cacería de brujas, los gobernadores han comenzado a mover sus piezas de manera acelerada. En Veracruz, por ejemplo, ya se promulgó una ley para crear una Fiscalía Anticorrupción cuyo titular tendrá una administración transexenal y, convenientemente, durará en el cargo cinco años. El tiempo preciso para asegurar una transición sin denuncias. Su nombramiento deberá realizarse este jueves, a fin de evitar que esto quedé a cargo del gobernador entrante.

Mediante un comunicado, el Partido Acción Nacional ha denunciado los hechos:

“Al mismo tiempo se buscará ratificar al actual contralor, quien cuenta con acusaciones graves ante la PGR por participar en el desvío de 50 mil millones de pesos de fondos federales.” ( Vía El Diariomx)

De igual forma, en Quintana Roo, una mayoría priista en el Congreso aprobó la reforma constitucional para crear la Fiscalía de Justicia que sustituye a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Carlos Arturo Álvarez Escalera, un “conocido empleado” del gobernador, será su titular que detentará el cargo durante los siguientes 9 años. Además, el sábado pasado, Javier Zetina, acusado de actos de extorsión, fue designado como el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado, durante los próximos 7 años. Zetina será el responsable de revisar las cuentas y el manejo de recursos públicos del gobierno de Borge.

Los reacomodos políticos y legales se dan en medio de fuertes acusaciones en contra de los funcionarios. El año pasado el gobierno de Duarte fue acusado, por senadores de su propio partido, por el mal manejo y posible desvío de recursos. Hoy, su gobierno cuenta con 48 denuncias penales interpuestas por la Auditoria Superior de la Federación, por tratar de engañar a la autoridad ocultando faltantes de recursos públicos y por posibles desvíos de más de 14 mil millones de pesos destinados a recursos públicos (Vía Animal Político). Aunque él ha declarado que todas las denuncias serán solventadas.

Por otro lado, Cesar Duarte, el gobernador de Chihuahua, ha sido acusado de mantener vínculos con el crimen organizado, de enriquecimiento ilícito y peculado. Una denuncia penal en su contra permanece abierta por participar en la creación del Banco Progreso de Chihuahua, para el cual desvió 65 millones de pesos de recursos públicos.

El mandatario de Quintana Roo, también ha sido acusado de despojos injustificados, de concesiones inviables y de licitaciones sospechosas. Quintana Roo ocupa la mayor deuda por persona en México y el 97% de sus ingresos están comprometidos en deuda.

Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que este tipo de operaciones son legales, pero ilegitimas.

“Desde el punto de vista de diseño institucional, es legal. Se hicieron varias cosas de protección frente a la corrupción y de garantía de impunidad disfrazada de avance democrático, por eso es interesante esta contradicción (…) ¿Es legal? Sí, es legal. ¿Es legítimo? No, no es legítimo desde el punto de vista político.” (Vía Expansión)

Legisladores protestan contra paquete de impunidad en Veracruz

Las reacciones de opositores políticos y de algunos sectores sociales inconformes se han hechos presentes, pero hasta ahora no existe un mecanismo legal que pueda desautorizar los preparativos de su blindaje. No mientras su partido siga dominando las votaciones en las bancadas de los Congresos estatales.