Como todos sabemos, hace poco tiempo el gobierno se dio cuenta de una actividad que llevaba realizándose prácticamente desde hace décadas, sí, nos referimos a la ordeña ilegal de gasolina de los ductos de Pemex, también conocida como “huachicol”. Esta práctica conocida y denunciada por todos desde hace años, de pronto de pronto se volvió un foco rojo de seguridad y su combate se convirtió en un objetivo primordial de nuestras instituciones.
Respecto a este tema aplicó el dicho de “más vale tarde que nunca” que define las acciones de los gobiernos mexicanos, siempre actuando de manera reactiva, ya que tenemos el problema encima, nunca desde la prevención y la anticipación. Es decir, el gobierno mexicano tomó cartas en el asunto ya que teníamos encima la apertura a las inversiones privadas en el sector energético, tanto en explotación como en distribución, entonces ahí sí había que ofrecer garantías de seguridad y certidumbre cuanto antes, pues claro ¿qué inversionista va a arriesgar su capital en infraestructura cuando existen grupos criminales, solapados por distintas autoridades, que ordeñan ilegalmente los oleoductos? por sentido común la respuesta es: ninguno.
Mientras el estado tuvo el monopolio del sector energético se solaparon esas prácticas, ya que el robo de combustibles solo se puede dar en complicidad con autoridades de gobierno y de la paraestatal, dicho de otra forma, el “huachicol” es consecuencia de una red de corrupción que involucra a funcionarios de Pemex, a funcionarios de todos los niveles de gobierno, a bandas de crimen organizado y a los consumidores quienes muchas de las veces son los propios concesionarios de gasolineras, así como otro tipo de empresarios y, por supuesto particulares que buscan obtener combustible a precios por debajo del mercado.
La ordeña de combustibles ha sido un negocio que alcanza para sostener esa red de corrupción, de hecho es tan rentable que es parte de la diversificación de mercados de las bandas de crimen organizado. Solo recordemos que la principal banda operadora en el llamado “triángulo rojo” es una extensión del cartel de “Los Zetas” llamada “Los Bukanas”. (Vía: Proceso)
Ante este problema, ya bastante crecido por el nivel de estructuración que ha obtenido al pasar de los años, el gobierno mexicano, a través de una estrategia conjunta entre las instituciones de seguridad, la Secretaría de Hacienda y Petróleos Mexicanos, ha tomado distintas acciones tanto para reducir la ordeña de ductos, como para elevar el precio de las gasolinas vendidas en el mercado negro. Por una parte se ha reforzado la vigilancia en los puntos más vulnerables de los ductos y se han intensificado los operativos en gasolineras que podrían ser puntos de venta de combustible robado.
Por otro lado, se busca que estas acciones se eleve el precio del combustible, esto volverá menos atractivo al combustible robado, por el simple hecho de que el incentivo para correr el riesgo de cometer un acto ilegal se vuelve menor debido a que la diferencia entre el mercado legal es relativamente baja. Sin embargo, parece que el gobierno no tiene una estrategia para fomentar otro tipo de actividades en comunidades de bajos recursos que han recurrido al “huachicol” desde hace décadas debido a la falta de oportunidades; no se está justificando nada, simplemente se afirma que este caso es distinto al que involucra a las bandas crimen organizado, por tanto la solución debe ser distinta, debe apuntar a políticas sociales que apunten a generar en las comunidades otro tipo de actividades económicas.
Finalmente, según el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, la estrategia emprendida por el gobierno ha ofrecido resultados, ya que se estima que el precio del combustible robado ha pasado de un promedio de 8 pesos a un margen de 11 a 12 pesos por litro. Además señaló, que el gobierno mexicano está recibiendo asesorías del gobierno colombiano, ya que ese país sufrió de un problema similar y logró erradicar su problema por completo. (Vía: La Jornada)