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Según NYT, gobierno de EPN espía a periodistas y defensores de DDHH desde 2015

El gobierno de Enrique Peña Nieto espía a periodistas y defensores de derechos humanos desde 2015. Los ataques fueron a partir de un malware llamado “Pegasus” desarrollado por la firma israelí NSO Group y que únicamente es comercializado a gobiernos.  Se ha documentado que su adquisición fue realizada por al menos tres dependencias en México: la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). (Vía: Artículo 19)

https://twitter.com/ESanchezHdz/status/876939000199618560

Horas, muchas horas después, el gobierno de la República, a través de una oficina “para medios internacionales” publicó una declaración: sin negar ni aceptar ni nada de nada las acusaciones hechas por el NYT (mismas que desde el medio se aclaraba que “no había evidencia de una relación directa con el gobierno”), simplemente dijo que “no hay evidencia” e invita a los supuestos agredidos a “levantar una denuncia en la PGR, ya saben, para que el gobierno se investigue a sí mismo.

Un reportaje de Artículo 18, R3D y Social Tic con asistencia del Citizen Lab, logró documentar y comprobar los ataques de espionaje que fueron dirigidos a integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Aristegui Noticias, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el periodista Carlos Loret de Mola.

El trabajo de las personas antes mencionadas está directamente relacionado con violaciones graves en los casos Ayotzinapa y Tlaltaya; la investigación de la Casa Blanca; la iniciativa de la Ley General contra la Tortura y la publicación de información que cuestionaba la versión oficial sobre la balacera en Tanhuato, Michoacán. (Vía: Sin Embargo)

“Pegasus” sólo es comercializado a gobierno, es una herramienta que según leyes internacionales únicamente es utilizado para perseguir a criminales. El espionaje se desarrolla infectando los teléfonos inteligentes  al enviar un mensaje SMS, con un texto que resulte lo suficientemente persuasivo para darle click a un enlace adjunto que acompaña el mensaje. Por ejemplo,  una noticia que pueda involucrar directamente al reportero en cuestión, un aviso personal sobre un amigo o familiar o un adeudo exorbitante. 

“Si la persona hace clic en el enlace, su teléfono recibe inadvertidamente un software malicioso que permitirá al atacante tener acceso a todos los archivos guardados en el dispositivo, así como controlar la cámara y el micrófono del celular.” (Vía: Aristegui Noticias)

Desde hace más de 9 meses, varios reportes periodísticos dieron con la compra sistemática desde la PGR y la Sedena de esta tecnología: compras hechas desde portales públicos escondían las herramientas que, hoy, están reventando como noticias de primera plana en todo el mundo. A los pocos meses, tres activistas y un abogado reportaron que sus redes y sus equipos electrónicos fueron hackeados y, apenas hace unas semanas, once ONGs salieron del Acuerdo por un Gobierno Abierto por acusaciones del mismo calado. Sólo hasta ahora fue que esas acciones se articularon como una operación mayor del gobierno federal. 

Según la ley mexicana, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud. Es muy poco probable que el gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de los activistas y periodistas, comentaron varios exfuncionarios de los servicios mexicanos de inteligencia. (Vía: The New York Times)