El impacto de megaproyectos turísticos, extractivistas y energéticos ha sangrado a nuestro país. En México, 78 líderes comunales han muerto por defender su tierra ante el intento de las grandes empresas para despojarlos. Por su parte, el gobierno federal celebra estas inversiones.
El precio por defender la tierra en México parece muy alto. Según se puede leer en un reportaje que apareció esta semana en Reporte Índigo, autoridades coludidas con intereses empresariales han pasado por alto estas 78 muertes, sin resolver ningún caso, como si nunca hubieran pasado. Por si fuera poco, otros 21 líderes comunales se encuentran bajo proceso judicial, y enfrentan sentencias de entre los 6 y los 50 años de cárcel.
Su único crimen fue defender lo que era suyo.
Adicionalmente, según el Comité de Familiares de Personas Desparecidas, 11 líderes indígenas que pertenecían a organizaciones dedicadas a defender su tierra se encuentran en calidad de desaparecidos. Prácticamente en ningún caso se ha obtenido justicia.
Las llamadas reformas estructurales han agilizado la entrega de concesiones para la explotación de recursos, lo que a su vez ha agudizado la represión sobre aquellos que eligen no abandonar su lugar de nacimiento para cumplir con intereses empresariales. Por si fuera poco, existe un componente racista en todo esto, pues la mayoría de líderes asesinados, encarcelados o desaparecidos son indígenas, así como la mayoría de los territorios amenazados.
El precio que lo pobladores han pagado por estos megaproyectos ha sido demasiado alto, a pesar de que en muchos casos siguen resistiendo. En cambio, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las mineras en el país pagaron 21 millones de pesos de impuestos, aunque sus utlidades superan los 15 mil millones.
¿Quién criminaliza la defensa de la tierra? Y más grave aún, el despojo sobre los más pobres sigue siendo una práctica sistemática en México.