Elecciones, ¿tranquilas? El INE calla irregularidades

El abstencionismo en estas elecciones —tanto para la Asamblea CDMX como para los estados— deja clara la puesta en crisis de la credibilidad hacia los partidos políticos y hacia las instituciones encargadas de regular los procesos democráticos.

La página del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo encargado de velar por  la democracia en México, abrió hoy por la mañana mostrando el siguiente encabezado: “Se realizaron con tranquilidad y orden las elecciones en 14 entidades del país”. Sin embargo, no se habló de las irregularidades de la jornada electoral del 5 de junio.

Es difícil saber con seguridad a qué se refiere el INE con “elecciones tranquilas”, pues según cifras de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) se recibieron ayer más de 2 mil 500 denuncias ciudadanas a través de Fepadetel y Fepadenet, ¿se trata de números esperados? ¿Se han normalizado los delitos electorales en nuestro país? 

Ya conocemos cómo funcionan las cosas: se reportaron delitos como el robo de boletas, el asalto a mano armada a casillas en Veracruz y Oaxaca, y, por supuesto, la compra de votos por parte de los partidos políticos.

Días antes de las elecciones se había declarado que este proceso electoral estaba llevándose a cabo a través de una estrategia de ataque y poca propuesta política, reflejado, sin ir más lejos, en las campañas de los principales partidos políticos.

Según la FEPADE entre los estados que más padecieron la violencia desatada por esta pugna política están Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo y Chihuahua; es decir, en la mitad de las entidades en donde se llevaron a cabo elecciones.

Los incidentes de la jornada electoral iniciaron en Chihuahua, donde la cabeza de un cerdo con un mensaje adjunto fue dejada en plena casilla. Por otra parte, en Oaxaca un grupo de hombres encapuchados y armados robaron 750 boletas de una casilla en Santiago de Juxtlahuaca y en Asunción Ixtaltepec, en el mismo estado se detuvo a 112 personas por denuncias de autoridades electorales según datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) y, por si fuera poco, el alcalde de Pinotepa, Carlos Alberto Ramos, fue atacado tras mediar una discusión entre militantes del PRD y del PRI.

Tal vez lo más notorio fue la detención de Fernando Yunes Márquez, hijo del candidato panista Miguel Ángel Yunes, quien se negó a mostrar el contenido de unas maletas luego de ser examinado por un retén en Veracruz. Ricardo Anaya, presidente del Partido Acción Nacional, pidió su inmediata liberación.

 

Al respecto Javier Duarte, gobernador priísta que ha protagonizado varios escándalos durante su administración, informó en su cuenta de Twitter:

 

En Durango, el Instituto Electoral  y de Participación Ciudadana local, denunció ante la FEPADE el hackeo de su página institucional y en Quintana Roo algunas simpatizantes del Partido Verde retuvieron al senador panista, Daniel Ávila, después de que éste subió a redes un video que mostraba a las mujeres comprando votos cerca de una casilla. Después de verse sorprendidas subieron al senador a una camioneta y lo retuvieron contra su voluntad hasta que intervino la policía local.

Sinaloa no quedó exenta de violencia, pues la casa de campaña del candidato panista Miguel Ángel  Camacho, fue saqueada  por un grupo de sujetos armados; y en Mazatlán le prendieron fuego a las oficinas del PRI.

A pesar de los incidentes de ayer, sólo con base en los resultados preliminares, varios candidatos se declararon triunfadores sin contar con ninguna cifra oficial. Un clima festivo se instaló en la dependencia del Partido Acción Nacional, que predominó en 7 estados y en Morena que consiguió la mayoría de votos en CDMX con 22 representantes de la Asamblea Constituyente.

Mientras tanto, la sensación con la que se queda la ciudadanía es de extrañamiento, ¿hay algo que festejar? ¿Esta forma de convocar al voto es la única forma posible? El abstencionismo en estas elecciones —tanto para la Asamblea CDMX como para los estados— deja clara la puesta en crisis de la credibilidad hacia los partidos políticos y hacia las instituciones encargadas de regular los procesos democráticos.