El Senado aprobó dos de las cinco leyes anticorrupción

Aún quedan pendiente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde figura la iniciativa ciudadana "Ley 3de3".
Senado

Las comisiones Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda del Senado, aprobaron esta madrugada del 14 de junio y por mayoría, dos de las cinco leyes anticorrupción.

Los partidos PRI, PAN, PRD y PVEM le dieron luz verde a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Sin embargo, aún quedan pendientes la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde figura la iniciativa ciudadana “Ley 3de3”, la cual eventualmente se discutirá y votará hoy en comisiones, así como la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), que crearía la Fiscalía Nacional Anticorrupción y el Código Penal Federal.

Las diferencias fundamentales persisten en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, donde el PRI y el Verde dictaminaron que no fuera obligatoria la entrega de los informes patrimoniales, declaración fiscal y de conflicto de intereses de los funcionarios públicos.

Asimismo, los senadores del verde y priístas plantearon en el Artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que “las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos en la Constitución”.

Por su parte, las comisiones encargadas del proceso legislativo del Mando Mixto Policial sesionarán para definir si se dictamina el proyecto y se sube al pleno o si posponen su discusión a propuesta del PAN, que plantea que esta legislación debe tener la opinión de los gobernadores electos de ese partido que ganaron en los comicios del 5 de junio.

Cabe resaltar que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece las bases para la coordinación entre la federación y los estados, para que investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.