El GIEI dijo que el Estado obstaculizó su trabajo en el caso Ayotzinapa

Los investigadores mencionaron al diario The New York Times que han sufrido ataques por parte de los medios de comunicación mexicanos.
Ayotzinapa

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) declaró que no puede dar una conclusión del caso Ayotzinapa porque ha sido sometido a una campaña sistemática de acosos, evasivas e intimidación.

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, los investigadores, que este domingo 24 de abril presentaron la última parte de su informe, declararon que han sufrido ataques cuidadosamente orquestados por los medios de comunicación mexicanos.

A su vez, los expertos mencionaron que el gobierno mexicano ha rechazado entregar documentos o conceder entrevistas con figuras esenciales, e incluso uno de los funcionarios que estuvo involucrado en la formación del grupo fue objeto de una investigación criminal.

Para algunos, la conclusión inevitable es que el gobierno simplemente no quiere que los expertos resuelvan el caso. “No existen las condiciones para desarrollar nuestro trabajo”, declaró Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI. “Y en México, la prueba es que el Estado se opuso a la prórroga de nuestro mandato, ¿no?”.

Y es que la presión sobre los investigadores —descrita por cuatro de los cinco miembros del pánel en entrevistas con The New York Times— debilitó las promesas hechas por el gobierno mexicano de cooperar plenamente para descubrir qué pasó con los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Después de los acontecimientos ocurridos con los normalistas, cientos de miles de personas tomaron las calles para protestar contra las desapariciones, lo que puso en entredicho la aprobación del Presidente Enrique Peña Nieto y contradijo sus esfuerzos por representar a México como una nación progresista y lista para asumir su lugar en el escenario mundial.

Asimismo, los investigadores del GIEI mencionaron que les falta mucho para completar su trabajo. Sin embargo, saldrán de México en los próximos días por lo que muchos ya sospechan: ellos también creen que el gobierno trata de encubrir lo que ocurrió en la noche del 26 de septiembre de 2014.

Sin embargo, el gobierno mexicano ha declarado varias veces que ha cooperado plenamente con los expertos al completar la mayoría de sus solicitudes de información, mientras procesa el resto.

Por otro lado, para las familias de los desaparecidos, la salida de los expertos es un hecho devastador. Todo el tiempo se han negado a creer la versión del gobierno: que sus hijos estaban en la ciudad de Iguala, Guerrero, como parte de una protesta y fueron secuestrados por agentes de la policía (que trabajaban para poderosas bandas criminales) y luego fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula.

En su versión de los hechos el gobierno nunca ha definido cuál fue el motivo del ataque. Pero para muchos mexicanos, el caso va más allá de los 43 estudiantes: es un ejemplo de las decenas de miles de personas que también han desaparecido durante la guerra contra las drogas que ya tiene una década.